Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de mayo de 2006 (Notilegis).- Las procuradurías estatales de derechos humanos no respondieron y se negaron a entregar en tiempo y forma la información requerida por la Comisión Especial que da Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios de la Cámara de Diputados.

Denunció lo anterior la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos (PRD), presidenta de esta instancia legislativa, durante el Foro “Acciones y Avances para Erradicar la Violencia Feminicida”, y añadió que el argumento de las dependencia del ministerio público en las entidades investigadas, fue que “el tema no forma parte de sus funciones”.

Al inaugurar el Foro, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Álvaro Elías Loredo (PAN), dijo que la violencia feminicida se encuentra íntimamente vinculada al desequilibrio en las relaciones sociales y personales entre los sexos en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Por su parte, el Enrique Jackson Ramírez (PRI) presidente de la Mesa Directiva del Senado de al República, consideró que si no se adopta un nuevo patrón cultural en la forma de relacionase entre mujeres y hombres, entre mujeres-mujeres, y entre mujeres y sociedad, no se podrá avanzar en el combate a la violencia.

El senador subrayó que se debe asumir que hay un problema serio de crimen organizado, de explotación de los niños y niñas, de ceguera, omisión y hasta de complicidad de las autoridades, es un problema de salud y que muchos gobierno han adoptado.

Lagarde y de los Ríos lamentó: “durante año y medio deambulamos en una danza de citas, hubo procuradurías que cambiaron sus citas tres veces con el informe ya listo para publicarse, para reducir, desde luego el número de homicidios”.

La presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y la Procuración de Justicia, informó que este problema se agudiza debido a que los encargados de la procuración de justicia en el país, no reconocen que la violencia de género es un fenómeno sustantivo de gobernabilidad democrática.

Añadió que la mayor parte de quienes tienen a su cargo las políticas de desarrollo social, tampoco reconocen que el desarrollo social esté vinculado con la generación de violencia contra las mujeres.

En las entidades investigadas (Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Morelos, Sonora, Chiapas y Veracruz) se comprobó que la violencia imperante se recrudece en condiciones de menor desarrollo social de las mujeres y es mayor en las mujeres no escolarizadas, sin embargo, dijo la diputada del PRD, no están exentas de vivir violencia.
La diputada señaló que las desapariciones de mujeres, asesinatos o la impunidad han sido identificadas como un grave problema nacional, y tampoco se reconoce la responsabilidad del Gobierno en su erradicación, la cual no es un eje prioritario todavía para el país ni en la política de desarrollo social ni en la gobernabilidad.

Lagarde de los Ríos agregó que en todos los casos que se investigaron arrojaron como resultado que la violencia feminicida es la punta del iceberg y la culminación de múltiples formas de la violencia de género vividas por las víctimas e imperantes en la comunidad.

La presidenta de la Comisión Especial indicó que entre las múltiples formas de violencia que padecen las mujeres se suman la violencia de clase, edad, étnica, racista, religiosa, ideológica, política y desde luego la violencia jurídica.

En cuanto a la violencia jurídica, puntualizó la legisladora, la mayor de las niñas y mujeres victimadas vivieron previamente atentados contra los derechos humanos. En sus comunidades hubo tolerancia e impunidad de la que son responsables las instituciones de los niveles del gobierno y en su conjunto del Estado Mexicano.

Por lo anterior, enfatizó, las víctimas de delitos reciben siempre un trato discriminatorio, misógino y vejatorio por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, lo que constituye violencia institucional y contribuye a la impunidad de los delitos perpetrados en México.

El trato paternalista, asistencialista, tutorial, de menores de edad, y eso también es una violencia institucional.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Álvaro Elías Loredo puntualizó que desde esta trinchera, continuaremos promocionando una legislación integral y congruente que genere las condiciones para asegurar la más esencial prerrogativa humana a favor de la igualdad.

“Como integrantes del Poder Legislativo, debemos estar concientes de que la violencia homicida hacia la mujer no puede ser vista como un fenómeno que encuentre soluciones meramente legislativas o de índole penal”, enfatizó el legislador.

El Presidente de la Mesa Directiva hizo un llamado a todos los órdenes de gobierno, las procuradurías, a las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos Federal y Estatal y a la sociedad civil, para que en conjunto se trabaje para resolver este problema de descomposición social que no es privativo de México sino también está presente en otras latitudes.

En el ámbito legislativo, aseveró, no se necesita de medidas paliativas, sino de visiones de política criminal integral que pongan mayor atención a la víctima del delito.

A nivel legislativo, se ha avanzado en este problema y uno de los ejemplos es la aprobación de la iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo reconoció que ésta no bastará para solucionar un problema de índole social, cultura y económico.

“Falta mucho por hacer, por eso debemos celebrar la realización de foros como el que nos ocupa, para la difusión, para la denuncia y generar conciencia de un tema inaplazable: la violencia Feminicida”, concluyó el panista Álvaro Elías Loredo.

En el foro estuvieron presentes: Blanca Gámez Gutiérrez (PAN), Sofía Castro y Lilia Aragón del Rivero (PRI), Beatriz Mojica Morga (PRD) y Jesús Gónzalez Schmal (Convergencia).

DJ