Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de mayo de 2006 (Notilegis).- De nueve millones de mujeres mexicanas que viven con su pareja, el 47 por ciento reporta algún incidente de violencia, 38.4 por ciento padece violencia emocional, 29.3 por ciento económica, 9.3 por ciento física y 7.8 sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.

En un estudio entregado a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI-2003) se cita que la violencia afecta a las mujeres sin importar su nivel de escolaridad, aunque prevalece más en quienes terminaron la secundaria, lo paradójico, cita es que las mujeres con poca instrucción educativa sufren menos violencia.

Lo anterior se establece en el Informe General que presentó la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, en el que las legisladoras subrayan que el feminicidio, las desapariciones y los asesinatos de niñas y mujeres son el resultado de un clima generalizado de violencia y discriminación que se enlazan en un tiempo y territorio determinado dando como resultado muertes violentas, homicidios, accidentes mortales e incluso suicidios que no son prevenidos o detenidos por el Estado.

En otra encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (2003) se revela que los hechos de violencia afectan a mujeres de todas las edades. El 55.8 por ciento de mujeres agredidas se localiza entre los 15 y 19 años de edad, mientras que un 32.2 por ciento equivale a aquellas con más de 55 años.

La Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida fue hecha por las diputadas en los estados de Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Morelos, Sonora, Chiapas y Veracruz.

En el informe se menciona que las investigaciones dieron como resultado que algunos casos de violencia contra las mujeres están relacionados de manera estrecha con el crimen organizado: narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, explotación de la prostitución y pornografía infantil.

En el mismo, se señala que las niñas y mujeres víctimas de violencia no gozan de protección en las leyes ni tienen acceso a recursos judiciales eficaces, por ello, se deben adoptar políticas de gobierno que abarquen las reformas legislativas necesarias y, en particular, las reformas del sistema judicial penal.

Es necesario –detalla el documento- articular acciones y elaborar políticas de gobierno y de instituciones con perspectiva de género para prevenir la violencia y eliminar la impunidad, así como establecer medidas de reparación del daño a las mujeres.

A pesar de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó a México tomar medidas para sensibilizar a las autoridades estatales y municipales para que la violencia de género sea encarada como violación de derechos fundamentales, el gobierno ha mostrado poca importancia para esclarecer los homicidios.

Las instituciones encargadas de procurar la justicia no cuentan con la infraestructura material y personal calificado para sistematizar la información sobre los homicidios de las mujeres.
La Comisión Especial de Feminicidios subrayó que debido a la falta de coordinación de las distintas instancias que cuentan con cifras y datos sobre la violencia de género, es necesario desarrollar técnicas científicas de control de manejo de casos unificando, en primer lugar, las definiciones de violencia contra las mujeres; y desarrollar protocolos para cada investigación que permitan unificar criterios y reunir los datos necesarios para establecer políticas de gobierno.

Los legisladores consideran que los esfuerzos gubernamentales no han sido suficientes, porque la violencia contra las mujeres necesita ser abordada con un enfoque integral diseñado a partir de una política nacional en la que participen todos los poderes y los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, observan que es preciso desarrollar una política con transversalidad de género, que articule acciones con el objetivo de erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres a través del impulso de la igualdad de oportunidades.

Para erradicar la violencia, plantean los legisladores, es necesario que el Estado garantice la plena vigencia de derecho, la democracia, la igualdad entre mujeres y hombres y el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres.

Las diputadas hacen una serie de recomendaciones a los medios de comunicación a fin de que la información difundida por éstos sea clara, ya que dicen, los informes de los medios no son suficientes y reflejan el desconocimiento sobre la situación de la violencia que se ejerce contra las mujeres.

En este sentido, recomiendan que las autoridades federales y las estatales deben impulsar y promover la concientización y capacitación de comunicadoras y comunicadores en la perspectiva de género.

Finalmente, pidieron que los dueños de los medios de comunicación se comprometan a difundir una campaña nacional sobre los derechos de las niñas y las mujeres tendientes a la comprensión global del problema y al desmontaje de los estereotipos de las mujeres víctimas de violencia.

DJ