Palacio Legislativo del San Lázaro, 24 de mayo de 2006. (Notilegis). Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación aseveró que hay dos denuncias de hechos presentadas contra servidores públicos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), de las Coordinaciones de Protección Civil de Baja California y Nayarit.

Expresó que por petición de los legisladores se solicitó a la Secretaría de Gobernación un informe de revisión sobre la situación del Fonden, el cual llegó incompleto, por lo que se solicitó la información faltante. De no cumplir, podrían haber sanciones.

Afirmó que como sociedad debemos ser críticos y exigentes para que se rindan cuentas sobre cualquier dinero público que nos pertenece a los mexicanos y destacó que derivado del proceso de fiscalización efectuado en los últimos años, la ASF ha logrado recuperar de recursos por 20 mil 778 millones de pesos, lo cual representa 30 veces el presupuesto anual asignado a esa misma entidad fiscalizadora en los recientes ejercicios.
Puntualizó que de tales montos, 10 mil 856 millones de pesos corresponden al Fobaproa; se obtuvieron también mil 580 millones de pesos por el reconocimiento del adeudo del sindicato de Petróleos Mexicanos a favor del organismo y dos mil 457 millones de pesos que el Fideicomiso Aduanas devolvió a la Tesorería de la Federación por Derechos de Trámite Aduanero, entre otros.
González de Aragón, refirió que el postulado de la ASF es: ”nuestro principal patrimonio es la neutralidad”. Declaró que de los 33 mil 157 millones de pesos detectados en la revisión de la Cuenta Pública 2004, 26 mil 404 millones corresponden al Poder Ejecutivo; 61 millones al Legislativo y 13 millones de pesos al Judicial.
Seis mil 679 millones de pesos sujetos a observaciones, correspondieron a los gobiernos estatales, así como del Distrito Federal, municipios y delegaciones políticas.
Respecto a las tres mil 424 observaciones que hizo la ASF, en la Cuenta Pública 2004 generaron cuatro mil trece acciones promovidas y de ellas 949 fueron de carácter correctivo y tres mil sesenta y cuatro de naturaleza preventiva.
El funcionario especificó que uno de los rubros más destacados en las entidades fue el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en el Estado de México, donde hay observaciones por alrededor de 4 mil 900 millones de pesos.

Por su parte, la diputada Dolores Padierna Luna (PRD), secretaria de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, dijo que las querellas que promueve la ASF son a causa de una reiterada negativa por parte de los servidores públicos de llevar a cabo las observaciones hechas por la ASF.

“Hasta junio concluye el plazo de solventación y entonces podrán hacerse efectivas las querellas de la ASF. Estamos hablando de iniciación de penas por cuentas anteriores”.

Padierna Luna resaltó los sub ejercicios en todo el gasto público, destacando los programas de atención a la pobreza por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y los programas para la protección del campo por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). “El abasto de medicamentos resultó muy deficiente y no por falta de recursos, sino por el desorden administrativo de las dependencias”.

Subrayó que la obra pública no se apegó al marco legal. Esto se concluye en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Sagarpa, Petróleos Mexicanos (Pemex), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); donde, sostuvo, hubo una administración de los recursos poco transparente.

La legisladora hizo énfasis en la corrupción y colusión de funcionarios al desviar recursos públicos de instituciones como el Fonden, el Comité Nacional Provida A.C y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca); además de violaciones a leyes federales; servicios personales en la SCT; y tanto en el Fobaproa como el IPAB, en los programas de saneamiento, capitalización y compra de cartera

AC