Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de Mayo de 2006. (Notilegis).- La defensa de los derechos humanos y los principios de igualdad entre el hombre y la mujer están enmarcados en la Constitución, sin embargo, en la práctica no se respetan.

Así lo advirtió Rafaela Schiavon, integrante de la Organización Internacional No Gubernamental para la Salud y la Defensa de los Derechos Sexuales de las Mujeres, durante el diplomado “Equidad de Género en Políticas Públicas, desde la Perspectiva de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Lucha Contra la Violencia”, efectuado en la Cámara de Diputados con el apoyo de la Comisión de Equidad y Género.

En el módulo Familia, Derechos Sexuales y Reproductivos: Mitos y Realidades, Schiavon, se pronunció por un análisis reflexivo a partir de las leyes y de las políticas públicas para conocer las propuestas, vacíos y necesidades de salud aplicados a la realidad.

“Hay que conocer los resultados de la transición demográfica del país para determinar las diferentes necesidades y urgencias en políticas públicas que beneficien a las mujeres”, subrayó.

Agregó que al Estado le corresponde la creación de medidas que garanticen los derechos básicos para la mujer, como el servicio de salud adecuado durante el embarazo y reducir la muerte por parto o aborto.

Por su parte, Ana Amuchástegui Herrera, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que los derechos sexuales y reproductivos no son necesariamente una lista de nuevos preceptos, ya que están protegidos por nuestras leyes.

“No se trata de producir nuevos derechos que nos permitan regular de mejor manera la sexualidad, sino incidir sobre la acción del Estado para dejar más libre la sexualidad”, afirmó.

Al concluir apuntó que las garantías sexuales y reproductivas tienen que ver con la posibilidad para decidir y son la condición necesaria para vivir plena y placenteramente.

BL