Palacio Legislativo, 19-X-2006 (Notilegis).- La fracción parlamentaria del PRD presentará un punto de acuerdo para crear una comisión que investigue el origen, destino y montos de los fideicomisos, luego de denunciar que los bonos de retiro de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son un abuso del Poder Judicial.

El coordinador de ese partido, Javier González Garza, informó que el presidente del TEPJF, Leonel Castillo decidió cancelar tres fideicomisos con un saldo de 88.2 millones de pesos (mdp). “De ese monto, decidieron regresar 65.5 millones a la Tesorería de la Federación, por lo que los restantes 22.7 millones de pesos se los repartirán como bonos de retiro, tocándole a cada magistrado más de 3 mdp.

El legislador explicó que desde el año 2000, los magistrados decidieron hacer un fondo con los remanentes del presupuesto para acumular recursos que les permitieran financiar un bono de retiro adicional para cuando concluyan sus funciones.

“Para ello, crearon tres fideicomisos con una aportación adicional de 59 millones de pesos, los cuales, con la acumulación de intereses hasta el mes de septiembre de 2006, se convirtieron en 88 millones 173 mil 177 pesos”.

Dijo no tener duda de que el abuso de esos recursos públicos son ilegales, pues la aportación inicial fue indebida, toda vez que el artículo 38 del Decreto de Presupuesto de Egresos del año 2000 señala que los remanentes presupuestales deberían reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

Javier González Garza afirmó que es inaceptable que “nuestro máximo Tribunal permita estas raterías”, y mencionó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública 2003, incluyó a los fideicomisos del Poder Judicial.

“Esa revisión de la ASF descubrió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había violado la ley al utilizar remanentes presupuestales por 162 millones para financiar un fideicomiso destinado a proveer pensiones complementarias a los funcionarios”.

En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados perredistas explicó algunos de los fideicomisos de la SCJN: el primero es el Bital 26260; el objeto dice: sistema de pensiones complementarias a las otorgadas por el ISSSTE; la aportación inicial: 155 millones 676 mil 289.55; eso lo aportaron inicialmente el 3 de abril de 1996. El saldo al 31 de agosto de este año es de mil 199 292 mil 691 pesos.

“Otro en Bital que dice: pensiones complementarias, que tiene 502 millones de pesos; uno más de prestaciones médicas complementarias, con 67 millones 216 mil 721 pesos. Administración de los remantes presupuestales del año 1998, y anteriores, en cumplimiento el acuerdo 2-1999 del Pleno de la SCJN, ese de Banamex tiene 523 millones 205 mil pesos”.

Finalmente, González Garza aseguró que ante todas estas “inmoralidades”, la solución está en manos de los legisladores, que tienen la obligación de modificar la legislación para impedir que este tipo de abusos se sigan cometiendo. “Se debe avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas; sólo así podemos transitar hacia una auténtica sociedad democrática”.

RRA