Palacio Legislativo, 24-X-2006. (Notilegis). A fin de combatir el tráfico de influencias por parte de legisladores que aprovechan su cargo para medrar con el patrimonio público a través de litigios en contra de las instituciones del Estado, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (PRD) propuso reformas a los artículos 62 y 108 constitucionales, las cuales podrían llevar a diputados y senadores a perder su puesto.

De esta manera, en el artículo 62 constitucional se señala que los legisladores no podrán emprender negocios comerciales o litigiosos, por sí o en nombre de un tercero, en contra de cualquiera de las instituciones del Estado, de los que pudiesen recibir algún tipo de retribución económica, a menos que se trate de la defensa de derechos afectados por un acto administrativo individualizado queafecte directamente su esfera jurídica.

En caso de que los diputados y senadores infrinjan esta disposición serán castigados con la pérdida del carácter de diputado o senador y deberán devolver la retribución que como legisladores recibieron.

En entrevista, Batres Guadarrama afirmó que es necesario regular el conflicto de intereses que pudieran tener los diputados y senadores con sus labores como funcionarios públicos.

“Un caso concreto es el del entonces senador Diego Fernández de Cevallos, que así como defendía los intereses de la Nación, también era fiel defensor de los intereses de particulares, lo cual causó un daño al erario público mayor a cien mil millones de pesos, al defender a la empresa Jugos del Valle. No se le pudo juzgar porque aprovechó las lagunas de la Constitución”, dijo.

Indicó que aquellos abogados que representan intereses particulares pueden hacerlo, pero no cuando están investidos de un cargo en el que también representan los intereses de la Nación.

En el artículo 108 constitucional se detalla que el desempeño de los cargos del servicio público sólo será compatible con las actividades académicas, docentes y de investigación científica en las instituciones públicas y privadas de educación. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.

SHH