Palacio Legislativo, 31-X-2006. (Notilegis). De cara a la aprobación del Presupuesto de Egresos 2007 y ante la persistencia de prácticas de opacidad y tráfico de influencias, la diputada Sara Isabel Castellanos (PVEM) solicitó al Pleno de la Cámara de Diputados expedir la Ley Federal de Cabildeo, para regular, controlar y vigilar esta como actividad profesional.

A través de una iniciativa, la legisladora argumentó, en tribuna, que ante la pluralidad partidista y la alternancia en el ejercicio del poder público, el país ha desarrollado nuevas y modernas formas de interacción entre los diversos actores participantes en la vida pública institucional, económica, política y cultural del país.

Por lo que se han consolidado mecanismos de intervención ciudadana en la gestión de asuntos públicos, sobre todo en lo referente a las autoridades administrativas en los tres órdenes de gobierno, así como en el Poder Legislativo.

Explicó que, con diverso grado de diseño institucional, reconocimiento legal y legitimación, empresas o individuos especializados realizan actividades profesionales de representación de terceros anteinstituciones públicas, a efecto de exponer temas específicos y de interés de sus clientes, contribuir a la búsqueda de soluciones posibles, plantear alternativas, aportar elementos de análisis, o sólo para hacer ver posiciones y puntos de vista en relación con hechos o situaciones determinadas.

“Nuestra propuesta reconoce el derecho al libre ejercicio de la profesión con el requisito necesario de crear un mecanismo de control y de registro de los cabilderos, cumpliendo así con la indispensable transparencia y publicidad en el ejercicio de dicha actividad” subrayó.

La propuesta incluye la regulación del cabildeo legislativo en la Ley Orgánica del Congreso y reglamentos interiores de las cámaras de Diputados y Senadores, además establecerlo en una ley federal que involucre en su observancia al Poder Ejecutivo, como actor relevante del proceso legislativo y, en su caso, a las legislaturas locales en lo que se refiere a los procesos de reformas constitucionales.La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis.

SHH