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Nota N°. 0801 Solicitan legisladores a PGR agilizar investigación en contra de Gil Díaz por ejercicio abusivo de funciones

Palacio Legislativo 17-I-07 (Notilegis) La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para solicitar al procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, agilice las investigaciones sobre la denuncia presentada en contra del ex titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.

En la propuesta, presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Javier González Garza, se exhorta al secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, para que en el ámbito de sus funciones informe a la Comisión Permanente los avances sobre el procedimiento administrativo iniciado en torno a la integración de Gil Díaz como director en consejo del banco HSBC.

En el punto de acuerdo, el diputado perredista explica que el pasado 2 de enero, a través de un comunicado la empresa HSBC Holdings informó que Gil Díaz se había integrado como director en consejo de esta institución crediticia, además de señalar que actualmente es miembro del consejo asesor de la empresa JE Roberts, Cos. Inc., la cual recibió en 1999 uno de los contratos más grandes de activo concedidos por una entidad del gobierno, para recuperar cuatro mil 800 millones de dólares en cartera vencida de Bancrecer.

Detalla que al ser nombrado como secretario de Hacienda, entre las responsabilidades de Gil Díaz estaba ser presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro (IPAB).

“Así, el señor Gil Díaz se desempeñaba como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB y a su vez presumiblemente se desempeñaría como Consejero Miembro de la Junta de Gobierno de la Empresa JE Roberts, Cos. Inc.”, se especifica.

Asimismo, el pleno de la Permanente aprobó otro punto de acuerdo para solicitar a los secretarios de Hacienda, de la Función Pública y al Procurador General de la República, tomen las medidas pertinentes para investigar la posible fuga de información cometida por la empresa ISOSA, durante su operación en las aduanas mexicanas.

El punto de acuerdo, del diputado Carlos Lozano de la Torre (PRI), señala que los datos procesados electrónicamente en las aduanas son un punto sensible de la seguridad nacional, por lo cual deben ser resguardados por el gobierno federal y, de manera específica, por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El diputado priísta explica que actualmente los datos relacionados con los despachos aduaneros se encuentran en poder de empresas privadas cuya operación, presumiblemente, ha derivado en quebrantos al erario público y propiciado tráfico de influencias.

SHH

 
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