Palacio Legislativo, 22/I/2007 (Notilegis). La extradición a Estados Unidos de líderes del narcotráfico en México, es una medida que el Ejecutivo tomó conforme a derecho y se da como parte de la cooperación y colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado, dijo el diputado Rodrigo Medina de la Cruz, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Dijo que es necesario hacer un cerco entre varios países y crear un equipo de colaboración para controlar el fenómeno del crimen organizado, porque, añadió, no es un problema de México solamente, sino que es mundial. “Son organizaciones criminales poderosas transnacionales que manejan recursos de muchos países”, subrayó.

Respecto a si las extradiciones fueron apegadas a la Ley, el legislador dijo: “deben de estar respaldadas y fundamentadas, así lo esperamos, lo vamos a analizar, porque se tiene que contar con un estudio profundo”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz (PRI) señaló que la medida no es ilegal, ya que una vez juzgados, podrían purgar la pena en cárceles mexicanas, sin embargo, manifestó su preocupación de que se utilice como un “golpe de publicidad”.

Sostuvo que el Estado mexicano tendrá que demostrar si tiene la capacidad para enfrentar la reacción de los cárteles. “Esto no se resuelve con declaraciones de nadie. Eso hay que demostrarlo en los hechos, si no menudo favor le habrá hecho el Estado mexicano a los ciudadanos que demandan seguridad, si sólo se dio espectacularidad”, apuntó.

Por su parte, el diputado Juan de Dios Castro Muñoz (PAN), integrante de la Primera Comisión de la Permanente, consideró que el país puede sufrir represalias por la decisión de extraditar delincuentes de alto nivel, sin embargo, previó que el gobierno federal tendrá la capacidad para enfrentarlas.

“Siento que habrá represalias, por ejemplo, un incremento en la narcoviolencia en algunos estados donde todavía no hay operativos, pero el gobierno federal está preparado para enfrentarlas”, opinó.

El diputado panista sostuvo que las extradiciones garantizan evitar fugas como la de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ante un sistema penitenciario mexicano, dijo, “con una cultura de la corrupción, que permite la compra de custodios”.

Reconoció que la batalla contra la delincuencia organizada no será corta, pero “las acciones emprendidas por el Presidente son las adecuadas y los resultados se darán en poco tiempo”.

A su vez, eldiputado Juan N. Guerra (PRD) calificó como positivo que se extradite a los narcotraficantes, sin embargo, consideró lamentable que el gobierno mexicano tenga que recurrir a esa medida ante la “incompetencia que se tiene en el país para evitar que la reclusión ponga fin a las operaciones que realizan esos grupos”.

Detalló que el interés del gobierno mexicano por enviarlos a Estados Unidos obedece a las redes de corrupción que existen al interior de las cárceles mexicanas, lo que impide frenar la comisión de ilícitos.

“Esencialmente el traslado demuestra la debilidad de un gobierno que no puede recluirlos por la corrupción que hay en los penales, entonces ésta no significa poner fin a las acciones ni las cuestiones ilícitas que realizan estos capos”, comentó.

En tanto, el legislador José Manuel del Río Virgen (Convergencia), dijo que la extradición a EU es un parte aguas en la lucha contra el narcotráfico que está realizando el país.

En declaración a los medios de comunicación previa al inició de la reunión de trabajo de la Comisión de Marina, el legislador hizo un reconocimiento al presidente Felipe Calderón porque la decisión que tomó es importante para el país.

Asimismo, puntualizó que la decisión de los legisladores de su bancada es total y absoluto respaldo en la lucha contra el narcotráfico porque es un tema de seguridad nacional y ante ello, “no seremos por ningún motivo obstáculo para que se llegue hasta las últimas consecuencias”, agregó.

Afirmó que la extradición de los capos es legal, porque existe una determinación del Poder Judicial Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite la entrega de capos a otros países, por lo que no se violó la ley ni la constitución con dicho acto.

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