Palacio Legislativo 9-II-07 (Notilegis).-La fracción parlamentaria del PAN promoverá la aprobación de una ley a fin de erradicar la corrupción en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y castigar con mayor rigor a los narcotraficantes y secuestradores, creando la figura de Juez Ejecutor de Sentencias y haciendo obligatorio el trabajo en el interior de estos centros.

En entrevista el diputado Edgar Olvera Higuera (PAN), secretario de la Comisión de Seguridad Pública explicó que con la creación de esta figura los jueces asumirían la facultad que tienen actualmente los directores de los Ceferesos, de determinar qué reos pueden recuperar su libertad en un tiempo menor a la condena que cumplen.

Agregó que la propuesta indica que el Juez deberá ser designado por el Poder Judicial y no por el Ejecutivo.

Señaló que también se plantea la obligatoriedad del trabajo en los penales, con lo cual se podrá reparar, de alguna manera, el daño por el que se encuentran recluidos; para el ahorro y/o envío a sus familiares, y para pagar la inversión y manutención de su estancia en el penal.

El diputado panista destacó que actualmente el costo por manutención de cada interno es de más de mil 100 pesos diarios, esto, además de generar un gasto excesivo al país no contribuye con el fin de los centros de rehabilitación.

Para llevar a cabo lo anterior, Olvera Higuera presentó una iniciativa en la que se expide la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales; y abroga la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Asimismo, se propone una nueva ley de Readaptación Social Federal para abrogar la Ley de Normas Mínimas, para establecer medidas más eficaces para impedir que en el interior de los penales se organicen las mafias, lo que convierte a los centros de readaptación en “escuelas de criminales”.

AAP