Palacio Legislativo, 22-II-2007 (Notilegis).- El grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para acotar el fuero constitucional así como la declaratoria de juicio político, con el fin de que el Ministerio Público no deba pedir permiso a la Cámara de Diputados para procesar penalmente a cualquier funcionario público.

Los diputados Carlos Alberto Navarro Sugich y Antonio Valladolid Rodríguez explicaron que la intención de su propuesta consiste en eliminar el fuero constitucional en la modalidad de acabar con la declaratoria de procedencia, es decir, “si la autoridad ministerial estima probable la comisión de un delito por nuestra parte, pueda, sin ningún requisito, ejecutar la acción penal”, dijo el diputado Carlos Navarro.

Explicó que cuando se implementó la figura del fuero, había muchas amenazas para el Estado y pocos funcionarios con fuero; “hoy sucede todo lo contrario”. Por ello, recalcó: enviamos un mensaje de respeto al Estado de derecho y a la modernización del ejercicio de la función pública, y por su puesto, queremos tener el mismo temor al incumplimiento de la ley, que el que le tiene cualquier otro ciudadano en México”.

Para el caso del presidente de la República no habría cambios, “que mantenga su fuero constitucional, pero en el caso de senadores, diputados, secretarios de Estado, Consejeros del IFE, queremos terminar con la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados.

Carlos Navarro Sugich señaló que la iniciativa de su fracción parlamentaria no contempla modificaciones al fuero. “Quienes ejercemos algún cargo público, sí debemos conservarlo, porque nos sirve para que nunca no nos persigan por lo que expresamos en tribuna”.

En el caso del juicio político, el diputado Antonio Valladolid explicó que se plantea establecer que cuando alguno de los servidores públicos previstos por el artículo 111 constitucional, sea acusado de la comisión de un delito durante el tiempo de su cargo, “éste seguirá gozando de libertad hasta en tanto no exista una sentencia firme que declare su responsabilidad, aunque ello no será obstáculo para que el servidor público pueda ser sujeto a proceso penal, es decir, quedar a disposición de la autoridad jurisdiccional”.

RRA