Palacio Legislativo, 01-III-2007 (Notilegis).- El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados impulsará en este periodo de sesiones propuestas para crear un marco regulatorio para la incautación de inmuebles del crimen organizado, toda vez que el Estado mexicano pierde muchos juicios y se desgasta económica, administrativa y jurídicamente al tratar de apoderarse de los bienes del narcotráfico.

Así lo manifestó en conferencia de prensa el diputado Javier González Garza, coordinador de la bancada del Sol Azteca, quien recordó que en la época de Carlos Salinas de Gortari, se dijo que los ranchos que fueran confiscados a los narcotraficantes iban a ser repartidos a los solicitantes agrarios, “situación que nunca se tradujo en ley, y actualmente tenemos un problema”.

Señaló que la intención es avanzar en términos legislativos con propuestas que tengan que ver con la incautación real de los medios de producción en poder de presuntos narcotraficantes y el crimen organizado, “pero estamos muy lejos de estar preparados legalmente para abordar el tema”, reconoció.

En el marco de lo que será la Reforma del Poder Judicial, dijo, debemos discutir todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados el combate al crimen organizado, pues es un asunto relativo a la justicia en el país.

González Garza adelantó que la próxima semana, a través de la Comisión de Seguridad Pública, se organizará un foro referente al tema, donde participarán expertos internacionales, a fin de aprender de las experiencias de otros países.

Por su parte, el diputado Andrés Lozano Lozano (PRD), miembro de la Comisión de Seguridad Pública, dijio que existe una disposición constitucional que permite al Estado apoderarse, mediante una figura jurídica, de los bienes que estén relacionados con las bandas delincuenciales; sin embargo, acotó, “no existe un marco jurídico que diga cómo desahogar todo ese procedimiento”.

“Esto, lo que provoca en los hechos es que tengamos estas acciones de gobierno desahogadas en procesos interminables, y que al paso de los años provoca que haya un desgasta económico, administrativo y jurídico al tratar de apoderarse de los bienes que con toda claridad han pertenecido al crimen organizado. Muchas veces se pierden los juicios porque no tenemos un marco legal que pueda hacer expedita esta situación”, concluyó.

RRA