Palacio Legislativo, 21-IV-2007. (Notilegis). Ante la violación a los derechos humanos de indocumentados centroamericanos a su paso por México, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, académicos y legisladores demandaron modificar la Ley General de Población para despenalizar la migración.

Durante el Foro México Frente a la Inmigración Temporal y de Tránsito, organizado por diputados del PRD en San Lázaro, representantes de la Organización Internacional de las Migraciones, Redes Ciudadanas, Promoción de Desarrollo Popular y 29 organizaciones más consideraron que el trabajo migratorio se ha convertido en una práctica permanente en la que se debe trabajar para lograr una frontera sur con trato humanitario.

El secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, José Jacques y Medina (PRD), indicó que en México la inmigración y tránsito de extranjeros indocumentados, sobre todo centroamericanos, ha aumentado de manera sostenida, ya que mientras en 1980 el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró a diez mil personas, durante 2005 la cifra pasó a 240 mil.

Según reportes de organizaciones civiles, indicó, en 2005 se presentaron cuatro mil casos de violaciones a los derechos humanos contra migrantes centroamericanos en la frontera sur de México.

Por ello, propuso eliminar los tipos penales que “criminalizan” al migrantes, ya que las penas que operan actualmente no sancionan la conducta ilícita, sino que “criminalizan la pobreza y las necesidades económicas, políticas o sociales que hacen a los trabajadores de los países vecinos trasladarse a Estados Unidos con el irremediable tránsito por nuestro país”.

Jacques y Medina comentó que el gobierno mexicano ha sido copia fiel de la política estadounidense de “apretar por el lado de la detención, sin considerar el destino de la gente, que sólo pretende, al igual que los nuestros, cruzar por el territorio para llegar a Estados Unidos”.

En su oportunidad, la investigadora por la UNAM, Carlota Botey denunció que los trabajadores migratorios se han convertido en uno de los sectores menos protegidos y más explotados, ya que son objeto de maltrato, intimidación, robo, tortura, incomunicación y falta de atención médica por parte de las autoridades migratorias, policías federales, estatales y municipales.

Con ello, agregó, se tiende a criminalizar el trabajo migrante, situación en la que México ha recrudecido su condición de marginación social y que en Estados Unidos ha llegado al grado de la militarización del flujo migratorio.

“Esta calidad de ilegal casi los deja sin Patria, sin derechos y sin protección. Se convierten en sujetos en las peores condiciones de trabajo y de vida”, expresó.

SHH