Palacio Legislativo, 07-V-2007 (Notilegis).- La Comisión Investigadora del Derecho de Trámite Aduanero, fue instalada este medio día con el propósito de no politizar los trabajos de investigación y determinar si 10 mil millones de pesos recabados por las operaciones del cobro de derecho de trámite aduanero (DTA), entraron o no al erario público.

El presidente de esta instancia legislativa, el perredista Pablo Trejo Pérez, explicó que al interior de la comisión se hará un trabajo serio de investigación, apegado a los principios de objetividad, imparcialidad y certeza jurídica. “Vamos a seguir un método que nos permita recopilar información y analizarla”.

Dijo que los trabajos de esta comisión, cuyo nombra oficial es Comisión para Investigar a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria en Cuanto al Origen, Cobro, Destino e Impacto que tiene en sus Finazas el Pago de Derecho de Trámite Aduanero, permitirán determinar si hay o no responsabilidades al respecto, y si las hubiera, proceder de acuerdo a la legislación vigente”.

Pablo Trejo adelantó que ya instalado el órgano legislativo se procederá a recopilar toda la documentación disponible y, con base en su contenido, iniciar una serie de reuniones de trabajo con diversos funcionarios, entre ellos el Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.

Por su parte, el diputado Raúl Cervantes Andrade (PRI) pidió realizar un trabajo apegado a las facultades que la ley le confiere al Congreso de la Unión. Señaló que en un tema tan controversial, sería un error de la comisión encaminar los trabajos hacia un sentido político, “no debe esta comisión incurrir en ese error, no podemos prejuzgar, lo que tenemos que hacer es allegarnos de una forma técnica”.

Explicó que propondrá tres fases de análisis de la información recopilada: si existe o no responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; determinar si incurrieron o no, en términos probatorios, en delitos de materia penal; y una última, en la que se analice “fría y tranquilamente”, si hay responsabilidades de juicio político.

“Se pretende hacer evidencia en dos sentidos: qué sucedió con el manejo de este dinero público, que se utilizaron a través de instrumentos jurídicos privados y además detectar si nuestra legislación es la adecuada o la tenemos que corregir (…), pero lo más importante es que al final determinemos en un informe final si se incurrió en responsabilidades para darle vista a la autoridades”, enfatizo.

En tanto, el legislador Ricardo Rodríguez Jiménez (PAN) indicó que es necesario trabajar en busca de la verdad, “lo importante será tener con datos objetivos conclusiones objetivas, pero siempre concientes de que los resultados de esta comisión no se den bajo una lógica mediática, nosotros creemos que tendremos la posibilidad de llegar a las conclusiones pertinentes”, confió.

RRA