Palacio Legislativo, 23-05-2007. (Notilegis). Durante 2005, el rezago educativo a nivel básico en México ascendió a tres millones de niños y jóvenes, cifra a la que se sumaron 838 mil personas cada año. Mientras que el gasto destinado al sector ascendió a 5.5 por ciento del PIB, lo que representó 2.5 puntos porcentuales por debajo del 8 por ciento que prevé la Ley General de Educación.

Así lo señaló el auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Roberto Salcedo Aquino, durante el balance de la Cuarta Mesa de Análisis del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, realizada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Respecto a la calidad del servicio educativo, calificó como “grave” que de las 190 mil 170 escuelas públicas de educación básica, 62 mil 153 tuvieran una organización incompleta, lo que equivale al 33 por ciento, mientras que 107 mil 256 fueron multigrado, es decir un maestro para varios grados.

El funcionario detalló que en el ejercicio fiscal 2005 se erogaron un billón 15 mil 485 millones de pesos en funciones de desarrollo social, lo que representó 59 por ciento del gasto programable. De dicho monto, 341 mil millones de pesos correspondieron al sector educativo, el cual se enfocó a 32 millones de alumnos inscritos en el sistema educativo nacional, es decir el 30 por ciento de la población.

En cuanto a la educación básica, apuntó que de los 28 millones de niños y jóvenes en edad escolar, en el subsistema escolarizado quedaron sin ingresar tres millones, mientras que en el INEA concluyeron solamente un millón de adultos de un total de 35 millones.

En tanto, en materia de salud dijo 33 millones de mexicanos no tuvieron acceso a algún ningún servicio de seguridad social; no obstante, la esperanza de vida aumentó a 78 años y de vida saludable a 66, mientras que la incidencia de enfermedades transmisibles se redujo en 20 por ciento y disminuyó la mortalidad infantil al pasar de 20 a 12 defunciones por mil nacidos vivos.

Precisó que los casi 300 mil millones ejercidos en seguridad social ha significado una presión creciente en las finanzas públicas, debido a la necesidad de apoyar con recursos presupuestarios al IMSS e ISSSTE, los cuales presentan problemas estructurales que les impiden cumplir cabalmente con sus obligaciones contractuales.

Por lo anterior, añadió, de la fiscalización realizada a este sector se recomienda combinar políticas universalistas para los sistemas de prestación de servicios sociales básicos como educación, salud, vivienda, medio ambiente y transportes, con programas orientados a categorías poblacionales bien delimitadas.

“La política social, según la experiencia de la fiscalización debe basarse, primero, en una redefinición de las políticas sociales clásicas con un criterio explícitamente orientado a romper el círculo vicioso de la pobreza, así como circunscribir la acción asistencial a una intervención excepcional, delimitada y puntual, básicamente concentrada en al atención de necesidades urgentes de aquellos grupos sociales en situación de pobreza extrema”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez (PRD) lamentó que del presupuesto al sector social de 2005 se haya destinado cerca de la cuarta parte a educación, pero dicha cifra esté por debajo de las recomendaciones de las organizaciones internacionales.

Asimismo, expresó que frente a la cantidad extraordinaria de recursos, las pruebas internacionales califican a nuestro país en el más bajo de evaluación. “De los 40 países miembros de la OCDE, México ocupa el 38 en lectura, el 37 en aprendizaje de matemáticas, el 35 en comprensión general”, manifestó.

SHH