Palacio Legislativo, 04-VI-2007 (Notilegis).- El diputado Alejandro Sánchez Camacho (PRD) anunció que su Grupo Parlamentario presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones, una propuesta para modificar los artículos 26 y 73 constitucionales, a fin de que la Cámara de Diputados analice, en su caso modifique y apruebe el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

“Nosotros queremos garantizar que haya un verdadero PND; para ello, se debe analizar, modificar, aprobar y evaluar las orientaciones del Plan, porque ahora quedamos como simples espectadores de una acción del Ejecutivo”, sostuvo el legislador.

En rueda de prensa, Sánchez Camacho criticó el PND al asegurar que en el documento “se encuentran el desempleo y la privatización energética como ejes rectores”.

En materia económica, comentó que se pretende alcanzar una tasa de crecimiento del cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el 2012. “¿Y mientras, qué esperanza hay para los mexicanos durante el periodo de 2008 a 2011?, desafortunadamente, ninguna”, consideró.

Alejandro Sánchez explicó que las previsiones de crecimiento para 2007 son de menos del tres por ciento, y aseguró que para que la economía esté en condiciones de duplicar su PIB por habitante, se necesita crecer -al menos en los próximos 20 años- a una tasa de entre seis y siete por ciento anual. “Esta tasa garantiza que se puedan dar empleos formales y bien remunerados a más de un millón 300 mil mexicanos que demandan trabajo”, precisó.

Para el caso del sector energético, el legislador perredista consideró que los objetivos enmarcados en el PND redefinen a la privatización como inversión complementaria.

Dijo que la intención es modificar la Constitución a fin de que las empresas extranjeras no tengan una sola traba para apropiarse de los recursos energéticos, además de presentar a Luz y Fuerza del Centro como una empresa financieramente quebrada, desaparecerla y así, dijo, entregarle todo al capital extranjero.

Finalmente, el diputado Sánchez Camacho estimó que las reformas estructurales que plantean desde el Ejecutivo no garantizan el crecimiento de México y tampoco benefician a más del 90 millones de mexicanos.

RRA