Palacio Legislativo, 06-VI-07. (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó sus propuestas en materia de derechos ambientales, con objeto de que sean incorporadas en la discusión de la Reforma del Estado. De ellas, destacan elevar a rango constitucional el derecho al agua así como la educación sexual.

En conferencia de prensa, los diputados Aleida Alavez Ruiz y Daniel Sánchez Camacho hicieron pública su oferta legislativa. Anunciaron que promoverán una reforma constitucional para garantizar el derecho al agua y una modificación integral a la Ley de Aguas Nacionales.

En lo que se refiere al cambio climático anunciaron la presentación de una iniciativa de Ley sobre Acción Climática y Meteorología, que regularía las acciones y compromisos nacionales en la materia.

Además, plantearon la desaparición del Servicio Meteorológico Nacional, a fin de sustituirlo por el Instituto Nacional de Clima y Meteorología.

De la misma forma, adelantaron que plantearán una legislación para reconocer “territorios indígenas”, y dar a esos pueblos derechos preferenciales en el uso, conservación, aprovechamiento, protección y gestión de los recursos naturales, biodiversidad y material genético.

El paquete de reformas que propondrá el PRD incluye crear dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación el Ramo 39, para el “Programa de Apoyo para las Acciones Ambientales y Rurales de los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y los Pueblos y Comunidades Indígenas”.

También se incorporarán nuevas cuotas e impuestos ambientales sobre energéticos, autos o bienes durables, empaques, envases y embalajes, generación de residuos y emisiones, siguiendo el ejemplo de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por otro lado, el PRD pretende iniciar en julio un diagnóstico sobre el estado de los manglares y humedales, con objeto de promover una Ley General para la Protección de Humedales.

Además de promover una auténtica ordenación del territorio por medio de la Ley Integral de los Espacios Protegidos y de la Ley General de Ordenación Territorial; y de dotar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de autonomía plena para que el derecho ambiental “sea una realidad en el país”.

IR