Palacio Legislativo, 06-VI-2007 (Notilegis).- El diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) habló sobre las preocupaciones de su grupo parlamentario en torno a la minuta con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, y dijo que es primordial que la autonomía de dicho órgano no sea vulnerada y que los recursos que se le asignen no sean trastocados.

El legislador apuntó que es necesario otorgar certeza jurídica para que los recursos que se asignen al INEGI se respeten, a fin de que desarrolle sus tareas, “queremos que haya certeza en la ley, porque en este momento no la vemos”.

Señaló que el régimen presupuestario del INEGI debe garantizar su libre administración, “situación que no se ve en la ley. El documento plantea crear un sistema que funcione con objetividad, regulado por un organismo constitucional autónomo, y con un régimen presupuestario coherente”.

En una reunión de trabajo con funcionarios del INEGI y del Banco de México, destacó que el artículo 33 de la ley “pone en duda la autonomía del Instituto, toda vez que el Banco de México determinará las normas relativas a la información que produzca y requiera para la conducción de la política monetaria”.

Explicó que en el caso de la autonomía, ésta se ve vulnerada por dos aspectos: el procesamiento de información y el asunto presupuestal. “Se tienen que hacer transferencias para darle suficiencia presupuestal a la estructura que se está planteando”, dijo.

Una primicia para el PRD, dijo el legislador, es que la institución presente productos objetivos que no tengan que ver en cuestiones políticas para tomar las mejores decisiones, “que no metamos ingredientes políticos para que los índices de precios al consumidor nos den una cifra y en la realidad estemos percibiendo otra, queremos una institución que de verdad funcione para lo que fue creada, que nos entregue información objetiva y todos tengamos acceso a ella”.

La ley en comento es reglamentaria del apartado B del artículo 26 constitucional y tiene por objeto regular el sistema de información y organizar el funcionamiento de la dependencia.

Entre las prioridades, se destaca que el INEGI sería autónomo de tal manera que tendría facultades de elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, eliminando el posible conflicto de interés del Banco de México que tiene la obligación de procurar la estabilidad de precios.

Adicionalmente, tendría facultades exclusivas para llevar a cabo los censos nacionales e integrar el sistema nacional de cuentas, así como elaborar los índices inflacionarios.

RRA