Palacio Legislativo, 12-VII-2007. (Notilegis). Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la Sección XXII del SNTE se reunieron con la Comisión de Examen Previo para exhortar a los diputados a dictaminar, a la brevedad, la solicitud de juicio político contra el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y presentaron testimonios en torno al caso.

En entrevista, la diputada Aleida Álavez Ruiz (PRD) indicó que según el Reglamento interno, la Subcomisión tenía 30 días para dictaminar, y que han pasado 229 sin que se resuelva si pasa o no a la Sección Instructora el caso.

En ese sentido, pidió una respuesta fehaciente de la Subcomisión, ya que, dijo, no tiene elementos para detener el dictamen.

“Queremos exigirle, al menos a la instancia que nos corresponde, que es la Cámara, a que actúe, que haga algo, que inicien las investigaciones, que se deslinden responsabilidades; que hagamos una actuación conforme a lo que nos corresponde, que es el ámbito político”, puntualizó.

La legisladora perredista dijo que se están agotando las instancias jurídicas y políticas y consideró que elcaso del gobernador Ulises Ruiz está protegido por acuerdos hechos entre el PAN y el PRI.

“Nos han señalado que no son quienes puedan juzgar o valorar las pruebas que les estamos otorgando y quienes puedan acreditar si es o no violatorio de lo que estamos diciendo tanto el gobernador como algunos otros actores que intervinieron en el conflicto social en Oaxaca”, apuntó.

Alavez Ruiz consideró que con las explosiones en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) se está creando una “cortina de humo” en torno a la desaparición de dos personas en Oaxaca.

Por su parte, el copresidente de la Subcomisión de Examen Previo, Diódoro Carrasco Altamirano, dijo que cada autoridad tiene que asumir su responsabilidad y hacer su tarea si quiere resolver política y pacíficamente el conflicto social que vive Oaxaca.

El panista indicó que ante los ánimos caldeados, de confrontación y los asuntos no resueltos, el gobernador de Oaxaca tiene una enorme responsabilidad.

“La tarea fundamental hoy es, por supuesto, hacer justicia, pero también es una tarea política. En ambas, quien tiene la palabra es el gobernador del estado (…) Hay un conflicto que no está resuelto y que hay que empeñarse y hacer uso de todas las artes de la política y la ley”, detalló.

Carrasco Altamirano apuntó que el paquete de discos, documentos y testimonios entregados por los integrantes de la APPO y la Sección XXII del SNTE serán anexados al expediente de juicio político y reiteró que actuarán con responsabilidad y apegados a la ley.

SHH