Palacio Legislativo 3-VIII-07 (Notilegis).-La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Omeheira López Reyna (PAN) urgió en la necesidad de solucionar el conflicto de Oaxaca, el cual tiene más de un año sin atención por parte del gobierno estatal, puede derivar en un conflicto de consecuencias mayúsculas y poner en riesgo la seguridad nacional.

En entrevista, consideró que el Gobierno Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán decidir si asumen el caso Oaxaca o no.

Dijo que la Secretaría de Gobernación debe valorar el clima de inseguridad que se vive para determinar si rompe con la autonomía, que hasta el momento se ha respetado; “empieza a estar latente el riesgo de la seguridad nacional por lo que se deben tener las medidas pertinentes”.

Señaló que algunos dirigentes de la APPO se han reunido con la Comisión de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados para tomar un diálogo, que hasta el momento se ha logrado con el gobierno estatal.

Señaló que en muchos estados de la República se violan los derechos fundamentales del ser humano, principalmente por policías estatales y municipales.

En tanto, el presidente de la Comisión de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano (PAN) declaró que el crecimiento de la población así como el incremento de conflictos asociados al crimen organizado “han generado una dinámica preocupante que han puesto en la mira el tema de los derechos humanos”.

Agregó que “los informes en esta materia, elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se refieren a un año o diez meses, sino que tratan de una situación general en materia de derechos humanos en relación a la responsabilidad que sobre ese tema tienen el gobierno federal, las entidades federativas, municipios e instancias gubernamentales en conjunto.

Señaló que las explosiones en el estado de Oaxaca no deben ser un elemento que enturbie las elecciones del próximo domingo. “La violencia no es un camino para resolver conflictos sociales, demandas o reivindicaciones de carácter político”.

Al ser cuestionado sobre los llamados hacia el Gobierno Federal para intervenir en los conflictos de dicha entidad, argumentó que “es un asunto cuyo contexto pertenece a la responsabilidad estatal, pero en la medida que así lo solicite el gobierno estatal,el Gobierno Federal tiene que contribuir a través de la Secretaría de Gobernación dentro del marco de colaboración que rige a los niveles de gobierno”.

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Javier González Garza lamentó que en el informe presentado por Amnistía Internacional, se demuestre que el caso de Oaxaca requiere una atención urgente, ya que hay leyes, pero no hay justicia.

En entrevista, González Garza aseguró que en el estado existe una confabulación entre el Secretario de Gobernación, el gobernador oaxaqueño, la Procuraduría General de la República y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes.

Consideró que las declaraciones dadas por el ombudsman nacional, en las que señala que el informe de Amnistía Internacional esta mal hecho y fue apresurado, son “un crimen, además de vergonzosas; debería callar esas declaraciones”.

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