Palacio Legislativo 23-VIII-07 (Notilegis).- El coordinador del PAN, Héctor Larios Córdova, indicó que en la Comisión de Hacienda se buscará dictaminar la iniciativa de Reforma Fiscal para presentarla a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el próximo 3 de septiembre, es decir, en la primera jornada oficial de trabajo del periodo ordinario de sesiones.

Además, dijo, que a lo largo de este receso legislativo hubo diversas reuniones con las diversas fracciones parlamentarias, donde se analizaron y discutieron las posturas en torno a la reforma del Ejecutivo. “Falta la aprobación del mismo para que quede listo y ser enviado al pleno”.

Explicó que entre los cambios que incluiría la iniciativa original del presidente Calderón, se destaca que no se ponga un estímulo negativo a las empresas que tengan nómina , es decir, hacer deducibles las prestaciones sociales.

“Los acuerdos que tenemos tiene que ver con hacer los ajustes para que no incida el costo de la nómina en elevar el impuesto del CETU, es decir, que no se imponga un estímulo negativo a las empresas que tengan nómina y eso tiene que ver con hacer deducibles el costo del INFONAVIT, Seguro Social y SAR.

Héctor Larios habló también sobre el impuesto a la gasolina, y dijo que “el Ejecutivo en su paquete hizo una propuestas para que se le diera la facultad, la potestad tributaria a los gobiernos estatales, a los congresos estatales de gravar la gasolina”, y desmintió que esa idea haya sido planteada por el PRI.

Por su parte, el presidente del Comité de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Alfredo Ríos Camarena (PRI) aseguró que su fracción parlamentaria ha planteado la necesidad de que como parte de la Reforma Fiscal, se destine una partida a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Queremos, dijo, una Reforma Fiscal que se traduzca en una mayor independencia y posibilidad de investigación tecnológica de producción en la explotación de petróleos, “tren fundamental de la economía mexicana”, sin privatizar PEMEX.

Respecto al documento enviado a la Secretaría de Hacienda, en el que se informaba que la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) y el Impuesto Contra la Informalidad (ICI) eran inconstitucionales, la respuesta fue que el concepto de que estos gravámenes no eran legales fue la mala interpretación del artículo 25 Constitucional referente a la justa distribución del ingreso y la riqueza.

Sin embargo, consideró que México tiene una necesidad de mayores ingresos, ya que somos uno de los países más ineficientes y caros en la recaudación, por lo que se debe determinar cuáles serán los criterios de aplicación de la CETU y el ICI.

Agregó que los impuestos deben gravar las utilidades y no el consumo, ya quelos que los evasores fiscales son los más ricos del país, por lo que la propuesta del Presidente Felipe Calderón ataca, por primera vez, este problema.

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