Palacio Legislativo, 25-IX-2007. (Notilegis). Diputados de oposición cuestionaron al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, la falta de una política interna para controlar el crimen organizado, dar respuesta al conflicto social en Oaxaca, así como los actos de censura y solución a los ataques a instalaciones estratégicas.

Durante la comparencia del titular de Segob ante diputados, la legisladora Valentina Batres Guadarrama (PRD) pidió la renuncia de Ramírez Acuña ante la inexistencia de una política interior que resuelva los conflictos sociales, concilie los diversos intereses, respete la ley, garantice los derechos humanos y resguarde la seguridad nacional.

“No puede usted, ya lo sabemos (…) Mejor renuncie, porque el cargo le está quedando enorme”, remarcó.

En medio de pancartas en las que se leía “469 días de conflicto en Oaxaca. ¿Hasta cuándo?” y “No a la militarización del país”, lamentó las prácticas de censura en México.

Un signo inequívoco de la ingobernabilidad actual, enfatizó Batres Guadarrama, es el estado de la seguridad nacional, lo que se demuestra conla ejecución de dos mil 730 personas, el control por parte del narcotráfico del 40 por ciento del territorio nacional y las acciones del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“¿El EPR es el responsable de las explosiones? O son ustedes tan perversos como para provocar el miedo del pueblo y causar la quiebra técnica de Pemex para venderla o privatizarla inventando atentados?”, preguntó.

En respuesta, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, afirmó que no ha habido ni habrá censura ni algún tipo de cortapisa por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón ni de la dependencia que encabeza, y que se trabajará fuertemente para garantizar el derecho a la libre expresión.

Tras señalar que no hay elementos para poner en duda que el autor de las explosiones es el EPR, pues así lo ha publicado el propio grupo, Ramírez Acuña apuntó que las personas de las que se exige su libertad, no se encuentran en ninguna de las áreas de gobierno: ni del Ejército, ni la PGR, ni Oaxaca.

El secretario precisó que el crimen organizado estaba haciéndose dueño del territorio nacional, lo que llevó al presidente a enfrentarlo con energía, visión de futuro y capacidad, lo cual continuará todo el sexenio, aunque, dijo, costará mucho dinero, tiempo y vidas, ya que por mucho tiempo no se hizo nada.

El diputado Alberto Esteva Salinas (Convergencia) dijo que el conflicto en Oaxaca está latente y acusó la protección del gobierno federal para no investigar el caso.

“Pareciera que el gobierno federal es cómplice de rapacerías y de violación a las garantías individuales”, sostuvo.

En su oportunidad, el diputado Alfonso Izquierdo (PRI) manifestó su preocupación por los procedimientos y políticas relacionadas con la seguridad nacional y pública, ya que la percepción de los mexicanos es que no basta con grandes operativos de fuerzas federales para enfrentar el crimen organizado, sino que se hace necesario atender la prevención del delito e impulsar la cultura de la legalidad.

Por su parte, Francisco Elizondo Garrido (PVEM) destacó la necesidad de que el gobierno federal participe en un diálogo claro y abierto con el EPR, ante la indebida atención a grupos armados en las últimas décadas.

“Debemos reconocer que en las estructuras de gobierno, en su tres niveles, se encuentra perneada la delincuencia. Por esta razón, señor secretario, me permito preguntarle qué estrategias se están implementando en coordinación con las entidades de la República, a fin de detener las células de delincuentes infiltradas en las estructuras ya sea policiales o burocráticas”, recalcó.

El legislador Pablo Arreola (PT) dijo que si el gobierno del presidente Felipe Calderón quiere enviar señales claras de que el combate a la corrupción y la impunidad no es mero discurso, debe investigar la riqueza del ex presidente Vicente Fox, ya que es un “agravio a todos los mexicanos bien nacidos”.

SHH