Palacio Legislativo 25-X-07 (Notilegis).-La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados promoverá una iniciativa de Ley que establece las bases para normar la entrega de pensiones y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente de la República.

El legislador Samuel Aguilar Solís explicó que las pensiones del los ex presidentes no tienen sustento legal, toda vez que no están incluidas en ninguna ley o cuerpo normativo; son acuerdos de carácter administrativo sin ninguna fuerza jurídica que los sostenga, por lo que es indispensable poner fin a la discrecionalidad con la que se erogan los recursos públicos.

La iniciativa establece que tendrán derecho a disfrutar de una pensión vitalicia equivalente al 60 por ciento del salario del Presidente Constitucional en funciones; en caso de muerte, su cónyuge disfrutará de una pensión equivalente al 50 por ciento del salario del mandatario en activo.

La pensión será suspendida cuando el beneficiario reciba ingresos derivados de cualquier otro cargo público remunerado, así como la percepción de ingresos resultantes del ejercicio profesional o actividad laboral incluidos los pagos en especie, quedando exceptuados los ingresos por actividades docentes e investigadoras.

“Las millonarias pensiones que reciben los ex presidentes por seis años de servicios, contrastan con la situación en que se encuentran casi dos millones de mexicanos que viven con ingresos diarios de 10 pesos. Por lo que esta iniciativa prevé asignar la dotación presupuestaria necesaria para sufragar gastos para atenciones protocolarias correspondientes a su estatus”.

“Los ex presidentes de la República son cinco y se conoce que cada año el pago de pensiones cuesta en promedio un millón 900 mil pesos, más los privilegios de cuerpos de seguridad, telefonía o vehículos, suman cerca de 201 millones de pesos anuales, con los que se podrían adquirir infinidad de bienes y servicios para beneficio de los mexicanos”, advirtió.

Aclaró que no se propone eliminar las prestaciones de los ex presidentes, sino otorgar garantías jurídicas y establecer mecanismos de rendición de cuentas, normar los criterios de las percepciones y clarificar la incidencia de los costos en el gasto público.

AAP