Palacio Legislativo 15-XI-07 (Notilegis).-Luego de que el asambleísta del PRI, Armando Tonatiuh González, propusiera aplicar la “castración química” a quienes hayan sido sentenciados por violación, abuso sexual o pederastia en contra de menores de 12 años, diputados federales del PAN, PRI y Convergencia manifestaron su oposición a dicho planteamiento.

Esta iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Salud del DF, propone inyectar el fármaco Depo Provera, que disminuye la intensidad y frecuencia del deseo sexual, evita la erección y la eyaculación.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Omeheira López Reyna (PAN), calificó esta propuesta como “absurda”, ya que no se puede permitir que ningún ser humano sea sancionado de esta manera, aun cuando hayan cometido algún delito.

Agregó que este hecho es violatorio, “es como si estuviéramos avalando una pena de muerte, aunque los delitos sexuales son catalogados como graves no podríamos aceptar este tipo de afectaciones; no podemos hacer justicia de esta manera”.

Respecto al Centro de Atención para Delincuentes Sexuales, que también plantea la iniciativa, López Reyna aseguró que esta opción es más viable, “pero no una sanción de carácter químico”.

Agregó que aunque en otros países se lleve a cabo estas sanciones, el país no está preparado para ello. “Habemos diputados que no avalaríamos esta situación, la Asamblea Legislativa tendría que valorar esta situación”.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Justicia, diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (PRI), afirmó que nuestro país no está preparado para asumir las consecuencias que, de aprobarse dicha iniciativa, tenga entre las personas a quienes se les aplicaría el medicamento.

En entrevista, consideró que antes de reformar las leyes de salud, se tendría que modificar y fortalecer el sistema jurídico mexicano. “Es una medida muy novedosa,pero no creo que ninguna de las Cámaras la apruebe, debido a que atenta con muchas cosas”.

En tanto, la legisladora por Convergencia, Layda Sansores San Román, anotó que esta iniciativa requiere de un debate muy amplio, ya que violenta derechos humanos, y los “medios agresivos no son la solución, hay tratamientos de otra índole que pueden aplicarse, como los psicológicos, incluso médicos para evitar que esto vuelva a suceder, yo creo que la cárcel es suficiente”.

Resaltó que las medidas de prevención son fundamentales y son las que se deberían estar planteando antes de declarar “una pena de muerte, por así decirlo”, además “estaríamos contradiciendo nuestro sistema de rehabilitación. Hay que buscar otras alternativas empezando por la prevención”.

AAP