Palacio Legislativo 29-XI-07 (Notilegis).-El auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, advirtió que en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización superior, los mecanismos utilizados en los tres órdenes de gobierno, requieren de mayor fortalecimiento en sus procesos y estructuras para garantizar su mejor desempeño, con lo que se “ganaría” la confianza de los ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos.

En conferencia magistral durante el Foro Nacional de Normatividad sobre la Fiscalización Superior, realizado en el Tec de Monterrey, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación de los servidores públicos y derecho fundamental del ciudadano en una sociedad democrática.

“Sin ellas, podemos caer fácilmente en la corrupción, en la impunidad, y en la visión patrimonialista de los cargos públicos. La transparencia y la rendición de cuentas no deben, ni puede, permitir excepción alguna. Los recursos públicos son de la sociedad y no patrimonio particular de nadie”, declaró.

Agregó que las Entidades Fiscalizadores Superiores (EFS), no deben ser complacientes con el poder político, por el contrario, su actuación tiene que basarse en un principio de neutralidad para beneficio de la sociedad, “a la que le debemos todos nuestra razón de ser y de existir”.

Además, dijo, las EFS tienen una mayor responsabilidad, ante la demanda social de ejercer un mejor escrutinio de los actos de gobierno, y una más estrecha vigilancia de los recursos asignados, como consecuencia del mandato recibido por la sociedad.

Añadió que la autonomía de los poderes federales y de los órganos autónomos, no puede convertirse en “paraíso de opacidad” en el desempeño de la función pública, ya que la transparencia y rendición de cuentas es la base del sistema constitucional y eje del desarrollo democrático. “Por ello no es posible aceptar que existan privilegios en estas materias”.

Subrayó que es necesario regresar el respeto al Estado de derecho, detener el debilitamiento constante de la ética pública y, “tornar de probidad y a la integridad como formas de comportamiento, para aspirar a reducir la corrupción como rueda motriz de la administración pública”.

AAP