Palacio Legislativo, 06-XII-2007. (Notilegis). El amparo interpuesto por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en contra de la reforma constitucional y leyes secundarias en materia electoral no procede, ya que no se atenta contra la libertad de expresión.

Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano (PAN), quien aseguró que el CCE está en su derecho, sin embargo, apuntó que habrá que esperar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista, Carrasco Altamirano apuntó que las disposiciones no son nuevas y lo que se regula es que terceros no puedan contratar, a favor o en contra de partidos políticos o candidatos, propaganda, sin embargo, expresó que hay sectores que consideran que eso limita la libertad de expresión.

“Si ellos consideran que lo prudente es meter un amparo contra las disposiciones constitucionales, pues vamos a esperarnos a que conteste la Corte. Lo que yo creo es que no procede”, señaló.

El diputado panista rechazó por otra parte que la Comisión de Gobernación haya tomado en cuenta asuntos políticos en la selección de los 105 aspirantes a ocupar un cargo en el IFE y aseguró que “no hay tapadosni vetados” y resaltó que la decisión se haya tomado por consenso.

“No es un asunto político. El hecho de que hayan solicitado registro de prácticamente 500, 489 expedientes integrados en este proceso; de que se haya valorado por todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Gobernación con criterios comunes estos registros, que se haya decidido por unanimidad, sin necesidad de votar. Aquí no se excluyó a nadie ni se incluyó a nadie a fuerza”, recalcó.

Luego de que Eduardo Huchim, Yolanda Meyenbergy y Álvaro Arreola manifestaran que fueron excluidos por motivos políticos, Carrasco Altamirano dijo que quienes no estén de acuerdo pueden objetar el proceso por escrito ante la Comisión de Gobernación o la Junta de Coordinación Política, quejas que serán atendidas.

En ese sentido, informó que la Comisión de Gobernación sólo ha recibido correos electrónicos y llamadas telefónicas de aspirantes en los que plantean el porqué no pasaron a la siguiente etapa, así como dos ciudadanos que sí lo hicieron de manera formal.

“Los criterios están en la convocatoria, son muy claros. La carta de aceptación que firmaron cada uno de los aspirantes para aceptar el procedimiento, los plazos, los tiempos, los requisitos es parte del compromiso de la convocatoria. Eventualmente está prevista en la forma de convocatoria que quienes objeten el procedimiento o alguna candidatura por escrito”, precisó.

Carrasco Altamirano detalló que durante el proceso de selección se debatió en torno a las aspiraciones de Jorge Alcocer, Eduardo Huchim y Fernando Serrano Migallón, Mireille Rocatti, ante las dudas de sus candidaturas. “En rigor, el único criterio que prevaleció, claramente, en esos casos fue: si reunían o no los requisitos legales y si eran elegibles”, recalcó.

El legislador señaló que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) analiza el método a seguir para determinar quiénes serán los dos consejeros que deberán dejar el cargo. En ese sentido, dijo que lo más sencillo sería hacerlo mediante votación por cédula en el Pleno, a través de una boleta donde aparezcan los ocho nombres de los consejeros y los legisladores elijan los nombres de los tres que habrán de quedarse hasta 2010.

“Esa es una posibilidad que resolvería cualquier duda en relación a los criterios para seleccionar cuándo se van y quiénes se van, pero la Junta de Coordinación Política está valorando, entiendo, otras opciones y ya nos comunicará al respecto”, acotó.

SHH