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Nota N°. 3366 La Reforma Judicial facultaría al Estado a ejercer acciones persecutorias: PRD

Palacio Legislativo 11-II-2008 (Notilegis).- Legisladores perredistas y organizaciones pro derechos humanos
coincidieron en que la aprobación de la Reforma Judicial que está en el Senado, facultaría al Estado a emprender acciones de persecución violatorias de las garantías individuales.

Durante el foro de análisis de la Reforma Judicial convocado por el grupo parlamentario del PRD, el diputado José Antonio Almazán González destacó que la reforma aprobada por los diputados en materia judicial es ilegal e inconstitucional.

Explicó que luego de ser aprobada en la Cámara Baja, al turnarse al Senado, éste realizó cambios “nada irrelevantes, motivo por el cual es rechazado por un sector amplio de organizaciones a nivel nacional e internacional”.

Asimismo, el ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, quien mando su texto, leído a través de la representante del Consejo Estatal del Consejo Popular de los Pueblos de Oaxaca, indica que desde la perspectiva de los derechos humanos la Reforma Judicial debe ser elaborada “con extremo cuidado”.

El ombudsman capitalino hizo un llamado a que en la reforma se considere que la seguridad y los derechos humanos constituyen la base del derecho, “vemos que la procuración, administración e impartición de justicia exigen una reforma integral”.

Advirtió que el tema de la seguridad pública no debe pasarse por alto, ya que en el período de diciembre de 2006 a 2007, en el país se registraron tres mil 208 ejecuciones.

El texto de Álvarez Icaza, subraya que de enero a julio de 2007 se tuvo la cifra de 168 policías y 19 militares asesinados contra mil 83 muertes de civiles, lo que significa una ausencia de un esquema de seguridad pública que procure la defensa integral de derechos humanos.

Manifestó que es baja la confianza de la ciudadanía en las autoridades como los policías judiciales o ministeriales, ya que de una escala de cero a diez, obtuvieron un ocho punto 98.

En ese sentido, la diputada Aleida Alavez Ruiz, dejó un documento para su exposición donde refiere que, de aprobarse la reforma anularía las garantías constitucionales proclamadas en la Carta Magna y legalizarían el estado autoritario en el país.

La legisladora hace hincapié en que la Reforma Judicial que prevén aprobar constituiría un sistema tiránico que avasallaríaa los ciudadanos sin que puedan defenderse, sería la creación de un estado policiaco, cita el texto.

En su oportunidad, la senadora Rosario Ibarra de Piedra, confió en que “el pueblo debe saber leer, para decidir y ayudar a resolver a quienes estamos desesperados con esta situación”.

Advirtió que habría la necesidad de recabar más de un millón de firmas para detener lo “que nos quieren hacer, solo podemos rescatar con la fuerza del pueblo”.

En tanto, el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, mando su texto al foro para ser leído en el transcurso de las exposiciones.

“La derecha contra los derechos humanos”, título del escrito de Martí Batres, asegura que la derecha “domina en los tres órdenes de gobierno y promueve la desigualdad en lo social y promueve el autoritarismo en la política”.

Martí Batres, hace énfasis en que los cateos sin orden de aprensión son reformas que contravienen las garantías constitucionales violando los tratados internacionales signados por el país en materia de derechos humanos.

LMGP

 
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