Palacio Legislativo 26-II-2008 (Notilegis).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 462 a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones la Reforma Judicial, con el retiro previo del párrafo once que reformaría el artículo 16 Constitucional, lo que anula que la policía ingrese sin orden judicial a un domicilio.

Minutos antes de la aprobación, el diputado Felipe Borrego Estrada (PAN), a nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia, presentó la propuesta para retirar el párrafo 11 del artículo 16, el cual fue avalada por todas las bancadas en votación económica.

Borrego Estrada informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con la jurisprudencia para permitir el ingreso de la policía a domicilios sin orden judicial.

Aseguró que para tomar esta decisión, los legisladores escucharon las voces de académicos y de la sociedad, por lo que decidieron actuar con prudencia política, agregó que “existe mucha desinformación en el tema y “valoramos inoportuno que sin la información debida se legisle el tema”.

En ese sentido, la legisladora Aleida Alavez Ruiz, señaló que “celebra la sensibilidad de los legisladores para escuchar las observaciones a Amnistía Internacional y a la ONU, ya que fueron muchas voces”, recalcó.

Antes de votar el dictamen, diputados de todas las fracciones parlamentarias indicaron su postura ante la reforma en materia de justicia penal.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional a través del diputado Carlos Navarro Sugich, argumentó que “honramos la postura de tolerancia, generosidad y apertura al dialogo”.

Mencionó la situación por la que atraviesan algunas personas que se encuentran recluidos en penales, motivo por lo que el respeto al derecho humano es fundamental, destacó que esta ley, “es un equilibrio entre garantías individuales derecho, seguridad y justicia penal”.

La bancada del PRD en voz de su coordinador, el diputado Javier González Garza, destacó que se ganó la restitución del punto 17 de los Sentimientos de la Nación de Morelos, “que a cada uno se le guarden sus propiedades y se respete y se respete su casa como un asilo sagrado señalando penas a los infractores”.

Explicó que aún hay pendientes por hacer como las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ya que “judicializar la protesta social es un asunto que no nos podemos permitir”.

Al indicar la postura del PRI, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, admitió que los legisladores se encontraron en la encrucijada de escoger entre “orden y libertades, por lo que prevaleció nuestra ética política, que es asegurar el orden para el crecimiento, sin lesionar un ápice el régimen de libertades que tanto ha costado a tantos”.

Subrayó que el reto a “casi un año de discusión es lograr un equilibrio eficaz que permita combatir al crimen organizado y garantista de derechos humanos”.

Del mismo modo, el diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador de la fracción de Convergencia, citó que “la política más inteligente es la que rectifica”, y destacó a su bancada y a los diputados integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), “la batalla pública que dimos para hacer realidad la supresión de éste párrafo 11”.

En voz del legislador Francisco Garrido, el Partido Verde Ecologista de México, subrayó que los grandes cambios en materia de justicia se deben dar de manera firme para mejorar las instituciones.

Reconoció la necesidad de recordar la historia del derecho en nuestro país, “para recuperar experiencias y así evolucionar hacia un estado de derecho comprometido con la justicia y respetando los derechos humanos”.

En ese sentido, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, RicardoCantú Garza, negó que su bancada se oponga a que el Gobierno Federal cuente con más y mejores instrumentos jurídicos que combatan la delincuencia.

Advirtió que mientras el Gobierno no genere empleos suficientes, “habrá delincuencia, los policías y el ejército se pasarán a las filas de la delincuencia y tenemos que combatirla de manera eficaz”.

En su oportunidad, la diputada Mónica Arriola, integrante del partido Nueva Alianza, señaló que la impartición de justicia se debe dar en el marco de la transparencia y legalidad, y celebró la modernización de la procuración e impartición de justicia, a través de un sistema acusatorio y garantista.

Abundó que “espero que la Reforma de Justicia, sea un instrumento que responda a las demandas de la sociedad y que el sistema de justica fortalezca las garantías y derechos de los ciudadanos”.

A su vez, la coordinadora parlamentaria de Alternativa, diputada Marina Arvizu Rivas, puntualizó que el problema de la corrupción es añejo y que se deriva “muchas veces de los silencios y complicidades, los culpables muchas veces son inocentes”.

Señaló al crimen organizado como principal “reto para nuestra seguridad”, destacó que una reforma en materia de justicia debe atacar los tres problemas principales de justicia “prevención, sanción y rehabilitación, por lo que debe hacerse con dos criterios, que sea congruente con las demás leyes y ser un proceso integral”.

Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2007, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, turnándose al senado el 13 del mismo mes, a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y dictamen.

Finalmente el primero de febrero de 2008, la Cámara de Diputados recibió la minuta remitida del Senado para el estudio y análisis de las modificaciones hechas por la colegisladora.

LMGP