Palacio Legislativo 13-III-2008 (Notilegis).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 266 votos a favor, 100 votos en contra, y 3 abstenciones regresar a la Comisión de Economía el decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), con lo que se determina las multas como porcentaje de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior al momento de aplicar la sanción.

Al exponer en tribuna una moción suspensiva, la presidenta de la Comisión de Economía, Adriana Rodríguez Vizcarra (PAN), pidió a la presidencia de la Mesa Directiva retirar del orden del día “el dictamen a la iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica y que se traslade el expediente a la Comisión de Economía para su nuevo análisis”.

La legisladora expuso que al interior del órgano que preside se recibieron diversos puntos de vista derivados del análisis que se ha generado con posterioridad a la aprobación del dictamen referido.

Por lo que reconoció la disposición de los legisladores integrantes de la Comisión “para avanzar en el perfeccionamiento de un dictamen que tiene la finalidad de fortalecer a una institución básica para lograr la competitividad del país y con ello lograr un mayor beneficio para el consumidor final. Y además, procurar la creación y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas para generar más empleos y mejor remunerados”.

En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, María Esperanza Morelos Borja (PAN) señaló ante el Pleno, que “el dictamen tiene que ser revisado nuevamente por la comisión, por lo que exhortó a una moción suspensiva”.

Al presentar la exposición de motivos de la moción, expuso que el dictamen propone reformar el artículo 12 de la Ley de asistencia Social, en su fracción XIII, para brindar servicios de orientación y apoyo a mujeres en periodo de gestación para la prevención de abortos, poniendo especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Agregó que la Comisión que preside considera que la reforma permite fomentar la consulta perinatal, que la mujer durante el periodo de gestión acuda a revisiones más frecuentes para vigilar el desarrollo embrionario durante las primeras semanas, además de considerar que la embarazada reciba como mínimo cinco consultas prenatales, iniciando preferentemente en las primeras 12 semanas de gestación.

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