Palacio Legislativo 6-V-08 (Notilegis).-La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación llevará a cabo seis reuniones de trabajo para analizar la Cuenta Pública del año 2006 con los temas: finanzas públicas, políticas de gobierno, desarrollo económico, desarrollo social, estados y municipios, así como para emitir recomendaciones por parte de dicho órgano legislativo.

Las mesas iniciarán el próximo 14 de mayo, durarán seis semanas y se analizará el último año de gestión del ex presidente Vicente Fox Quesada; posteriormente se entregará un informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para elaborar un dictamen.

En este marco, la Comisión de Vigilancia elaboró un informe del resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006 en el que incluye una síntesis de las irregularidades detectadas agrupadas en cuatro categorías: ingreso y gasto, recursos transferidos, patrimonio y desempeño institucional.

En el mismo texto se incluyen observaciones- acciones que permiten disponer de una “radiografía” sobre el tipo de irregularidades que se registraron en la Cuenta Pública, además de detectar los sectores donde se localizan; asimismo se establecen las medidas que promueven directamente la entidad de fiscalización superior por tales irregularidades observadas.

De la revisión al Informe que rindió la Auditoría Superior de la Federación, se desprende que por tercer año consecutivo no fue posible realizar una evaluación general de la eficiencia del gasto gubernamental a través de indicadores, debido a que la Cuenta Pública no presenta la asignación del gasto a nivel de indicador meta-gasto.

Aumentó el número de revisiones de desempeño en la Cuenta Pública de 2004, de 51 a 72 en la de 2006, lo que implicó aumentar su participación relativa en el total de auditorías; éstas representan el doble de las practicadas en 2004 y más de tres veces que las realizadas en la revisión de la Cuenta Pública 2002.

Además, se deduce una mayor incidencia de irregularidades que se demuestra a través de la revisión de los dictámenes emitidos por los órganos fiscalizadores, los cuales revelan que en 291 auditorías se tuvo una opinión limpia, es decir, los entes fiscalizados cumplieron adecuadamente en los ámbitos que les fueron revisados.

Asimismo, en 338 revisiones se tuvieron opiniones con salvedades, debido a la identificación de irregularidades de distinta naturaleza; en 105 casos se determinó que los entes fiscalizados no cumplieron con el objeto de la revisión, por lo que tuvieron un punto de vista negativo; y en 12 auditorías no se emitió opinión debido a falta de elementos.

La estrategia de fiscalización abarcó áreas fundamentales de la administración pública, tales como fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos; sistema de pensiones y jubilaciones, particularmente en el IMSS, obligaciones derivadas de los pasivos laborales; desarrollo empresarial; mejora regulatoria y proceso electoral federal.

También a los servicios de inteligencia para la seguridad nacional; control de drogas; energía e hidrocarburos; desarrollo social; red carretera; apoyos directos a campo, a la micro, pequeñas y medianas empresas; servicios de infraestructura; abasto y comercio y atención a la población afectada por contingencias climatológicas, entre otros.

Destacan asuntos específicos como Enciclomedia; apoyo a ahorradores de la banca; operación del fondo de empresas expropiadas del sector azucarero; suministro de medicamentos del ISSSTE; procesos de liquidación de Financiera Nacional Azucarera, del Banco Nacional de Comercio Interior y del Sistema Banrural, entre otros.

AAP