Palacio Legislativo 28-V-2008 (Notilegis).- En la reunión de análisis del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública 2006 relacionada con “Estados y municipios”, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Antonio Ortega Martínez (PRD) aseguró que el número de observaciones alcanzó las 5 mil 808, es decir el doble de las detectadas el año pasado.

Lo anterior, dijo, revela que la administración pública estatal y municipal ha sido omisa en la modernización y demuestra una grave y creciente deshonestidad en el gasto público, por lo que aseguró “la impunidad parece haber sentado sus reales en la administración pública Estatal y Municipal”.

Destacó que con el desvío de recursos destinados para programas de apoyo a la población con menor desarrollo, los Estados y Municipios demuestran su carencia de voluntad política para contribuir a la transparencia en el gasto público y para terminar con la corrupción.

“Nos avergüenza observar que en el informe de la ASF existen reportes de auditoría que señalan la adquisición de vehículos de lujo para funcionarios públicos y hasta la renta de lujosas suites que responden a sus excesos de relaciones públicas de algunos funcionarios locales”, enfatizó.

Por su parte, la secretaría de la Comisión de Vigilancia, Alma Alcaráz Hernández (PAN) señaló se aplicaron 355 auditorías a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF, de las cuales 302 fueron realizadas por las Entidades de Fiscalización Superior Local (EFSL) y 53 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La legisladora se pronunció por “homologar en la ley secundaria la contabilidad gubernamental de la federación estados y municipios que permita mejorar el control del registro patrimonial de las operaciones que realizan, así como mejorar los sistemas de control interno para que se facilite la fiscalización de las contralorías internas y de la propia auditoria”.

“La ASF concluyó que cada auditoría tuvo un costo de 67 millones de pesos y las Entidades Fiscalizadoras Estatales resolvieron que el impacto económico de cada auditoría que realizaron fue de35 millones de pesos”, explicó.

La diputada destacó que la revisión de la Cuenta Pública 2006 revisó todos los Fondos y programas de los ramos generales 33 y 39, a diferencia de la revisión de la Cuenta 2005 en la cual sólo se consideraron auditorias a los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FAISM) y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal FORTAMUN-DF.

Alcaráz Hernández, señaló que las principales irregularidades encontradas en todos los Fondos del ramo 33 fueron los siguientes: desvío de recursos para fines distintos a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, inconsistencia en la presentación de la información presupuestal contable y financiera, registros contables no ejecutados extemporáneamente, inexistencia de expedientes y pagos anticipados por obras no terminadas.

A su vez, el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Roberto Michel Padilla, destacó que las entidades con mayores montos asignados por los ramos 33 y 39 en el ejercicio 2006, fue el Estado de México con 38 mil 811 millones de pesos, seguido de Veracruz con 27 mil 078 millones de pesos, de Chiapas con 20 mil 267 millones de pesos y de Oaxaca con 18 mil 226 millones de pesos.

Señaló que los estados más auditados fueron los estados de México y de Oaxaca fueron con 21 revisiones practicadas cada uno. “Seguidos de Veracruz con 17 y de Chiapas y Sinaloa con 15 cada uno”.

En “contraste” señaló que los estados con menos auditorias fueron: “Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala con siete.

Explicó que aumentó notablemente el número de auditorias, ya que en el 2000 las auditorias para estados y municipios sumaron 77 y para la revisión 2006 ascendieron a 355. “esto es equivalente a casi cinco veces más”.

Aseguró que en el informe que la ASF rindió a la Cámara de Diputados, “por primera vez reporta el tipo de acciones preventivas y correctivas, que promueven las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales”.

Agregó que es avance “marginal”, ya que se presenta de manera agregada para el conjunto de estados y municipios.

Consideró que se debe de avanzar en este campo, “no sólo para profundizar en la evaluación de la consistencia del tipo de acción que corresponde a cada acción, sino para transparentar las medidas y acciones que promueven los órganos locales”.

Recomendó que la Comisión de Vigilancia solicite a la ASF de un reporte especial en el que desglose por entidad federativa las tres mil 267 acciones que promovieron las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales.

Aclaró que la ASF y las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales deben de continuar perfeccionando los mecanismos de revisión y coordinación, “para que la acción fiscalizadora erradique los actos indebidos en el uso de recursos públicos en los estados y municipios”.

Precisó que la rendición de cuentas no debe de ser un ejercicio de recomendaciones reiterativas, sino una verdadera instancia de control y vigilancia que garantice el “uso racional y adecuado de las contribuciones públicas”.

ASC / JZM