Palacio Legislativo 23-IX-2008 (Notilegis).- La gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, afirmó que el problema de seguridad pública no es sólo un asunto de dimensión nacional sino internacional, porque el 90 por ciento de las armas que entran al país vienen de los más de 10 mil puntos de venta legal de armamento en Estados Unidos, en la frontera con México.

Dijo que así como el gobierno norteamericano tiene el derecho de garantizar su seguridad interna, “nosotros tenemos el derecho a parar esa venta de armamento, de esa industria de guerra, que nos está lesionando.

Entrevistada después de entregar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las propuestas y proyectos económicos de su gobierno, para que sean consideradas durante la discusión y, en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, Amalia García sostuvo que aquí, en este problema, deben asumirse también responsabilidades internacionalmente.

La gobernadora de Zacatecas se pronunció porque los recursos federales en materia de seguridad deben canalizarse mucho más a los municipios, porque es la parte más sensible y vulnerable ante la delincuencia, y subrayó que todos tenemos no sólo el compromiso, sino la obligación de recuperar al país de las bandas criminales.

Rechazó tajante la posibilidad de que el gobierno, en cualquiera de sus tres órdenes –federal, estatal y municipal-, pacte con el narcotráfico para ponerle un alto a la narcoviolencia que afecta al país.

“Me parece es inaceptable que el Estado mexicano pueda ceder ante eso y no veo a nadie cediendo; sí veo que la batalla contra la delincuencia tiene que ser en múltiples ámbitos, no sólo en el de las armas, no sólo en la capacitación y preparación de las policías, sino también en otras acciones”, apuntó.

Destacó que en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad pública, todos tenemos mucho que hacer para que la generación de 12 a 18 años, que es la más vulnerable ante la delincuencia, sea atendida como una prioridad nacional, como un asunto de primer orden en el país.

Consideró que el gobierno de la República, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, los sacerdotes, los maestros, los medios de comunicación y, por supuesto, los padres de familia, tienen que hacer múltiples cosas para promover entre los jóvenes de 12 a 18 años los valores positivos, “para que no sean las figuras de la violencia las que aparezcan como los héroes de nuestros hijos”.

ADM