Palacio Legislativo 19-XI-2008 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 263 votos a favor el decreto que reforma la Ley del Registro Público Vehicular, cuyo propósito es combatir el robo de automóviles en el país, así como otorgar seguridad y certeza jurídica a quienes compren y venda autos usados, a través de la expedición de un certificado de registro de no robo, entre otras medidas.

También se propone la reglamentación del Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados, para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se realicen los convenios necesarios para concentrar y coordinar la información de las entidades federativas y el Distrito Federal, a fin de generar una base de datos nacional a la cual tengan acceso todas las autoridades competentes en la materia.

El Registro Público Vehicular tiene por objeto la identificación y control vehicular; en la que consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público.

Debido a que el delito de robo de vehículos se ha consolidado en los últimos años como uno de los más lucrativos para las redes criminales organizadas nacionales e internacionales que operan en México, toda vez que las utilidades que se generan con este ilícito lo hacen competitivo y con un gran impacto socioeconómico alternando con otros delitos como narcotráfico, secuestro, tráfico ilegal de personas, robo de transportes de mercancías y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por ello, la Cámara de Diputados consideró necesario realizar las adecuaciones pertinentes para tratar de inhibir el robo de automóviles en el territorio nacional, así como para dar seguridad y certeza jurídica a quienes realicen transacciones con vehículos usados, actividad que hoy representa gran problemática e inseguridad.

Ante la ausencia de certidumbre jurídica que implica desconocer la procedencia del auto, así como la autenticidad del legítimo derecho de la persona que vende, las modificaciones avaladas contemplan que las procuradurías generales de justicia de los estados y del Distrito Federal, a petición de la parte interesada, un certificado de registro de no robo.

También, el decreto avalado establece la posibilidad de que los compradores de vehículos usados tengan el derecho de consultar la base de datos de autos robados de las procuradurías estatales o de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), para verificar que el vehículo objeto de la posible transacción no cuente con reporte de robo.

ADM