Palacio Legislativo 02-XII-2008 (Notilegis).- La Comisión de Gobernación aprobó, en lo general, la iniciativa que reforma los artículos 3, 4 y 7 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que estipula que autoridades estatales y municipales participen junto con la Secretaría de Gobernación, en la autorización de permisos a negocios de juegos con apuestas.

En entrevista el presidente de la instancia legislativa, Diodóro Carrasco Altamirano (PAN), aclaró que con la iniciativa no se le quita facultades a la Secretaría de Gobernación (Segob) para la emisión de permisos en la materia. “La facultad es exclusiva de la Federación, a través de Gobernación”, enfatizó.

“Para autorizar nuevos espacios de juegos y sorteos, Segob necesita una opinión fundada de los gobiernos estatales, además de que los cabildos, antes de autorizar la ubicación pueden opinar, de acuerdo a los ordenamientos urbanos donde podrían ubicarse”, sostuvo el legislador.

En años recientes, fundamenta la iniciativa, presentada por el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo de Acción Nacional, se han otorgado permisos para la operación de casinos o juegos con apuestas para realizarse en establecimientos a todo lo ancho y largo de nuestras entidades federativas.

Por lo anterior, los estados de la República, y particularmente a las autoridades municipales les han acarreado un sinfin de problemas y quejas de la ciudadanía, que ve mermada su calidad de vida con la instalación de estos establecimientos, que en algunos casos generan otro tipo de actividades mercantiles, muchas veces inadecuadas o contrarias a las costumbres del lugar,

La iniciativa avalada pretende garantizar que las autoridades locales, digan la última palabra en términos de la conveniencia del asentamiento de casas de juegos.

El secretario de la Comisión de Gobernación, Cristián Castaño Contreras (PAN), explicó que los municipios deben dar argumentos legales del por qué sí y el por qué no a la construcción de establecimientos de juegos.

De no fundamentar legalmente la construcción, advirtió, “cualquiera puede recurrir ante un tribunal y combatir este tipo de autorizaciones que no estén fundamentadas o que no hayan considerado al municipio o al estado".

JZM