Palacio Legislativo 03-XII-2008 (Notilegis).-Diputados de los grupos parlamentarios del PRI y PVEM, coincidieron en la necesidad de un debate nacional que profundice en el tema de la pena de muerte, mientras que otros de Acción Nacional, PRD y Convergencia rechazaron contundentemente la medida, luego de la propuesta del estado de Coahuila sobre éste castigo a secuestradores que maten o mutilen a sus víctimas.

A nombre de Acción Nacional, Héctor Larios Córdova, aseguró que la pena de muerte es inconstitucional y recordó que hace dos años se dio un debate a profundidad en el que se determinó reformar la Carta Magna para abolir el castigo, por lo que sería incongruente que proceda la propuesta.
“Este es un tema que no puede aprobarse, no tiene validez (…) esto no es más que un ardid publicitario que lamentamos mucho”.

Lo que se requiere para acabar con la violencia —añadió— es terminar con la impunidad, atrapar a los delincuentes. “La pena de muerte no resuelve ese asunto”, insistió el legislador en conferencia de prensa.
Larios Córdova afirmó que su grupo parlamentario no votará en contra, porque simplemente, no va a llegar al Pleno un dictamen de esa índole. “México ha suscrito varios acuerdos internacionales que proscriben la pena de muerte”.

Cabe señalar que la legislatura local de Coahuila acordó enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Constitución federal para restaurar en México la pena de muerte y aplicarla en ese estado a los secuestradores.

En su oportunidad, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, declaró que no se ha debatido dentro de su fracción parlamentaria el tema de la pena de muerte, aunque indicó que hace aproximadamente 7 meses propuso que se abriera el tema en función de que México vivió un clima de inseguridad alarmante.

En conferencia de prensa, informó que hasta el momento no ha llegado nada oficial del Congreso de Coahuila, sin embargo, dijo que serán respetuosos de todas las fracciones parlamentarias y estarán atentos; aunque indicó que hay una fracción completa que ya se declaró a favor de la medida.

Fue tajante al aclarar que “se puede dar el debate; pero los votos son los que aprueban una ley, es un tema que vale la pena debatir: primero tendría que pasar en caso de que llegue por las comisiones ordinarias de: Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y probablemente en la de Derechos Humanos”, abundó.

En contraparte, la coordinadora del PVEM, Gloria Lavara Mejía, consideró que la pena de muerte es un tema polémico; pero de trascendencia, por lo que recordó que su partido presentó una propuesta integral para combatir el delito del secuestro, e incluye está sanción.

En conferencia de prensa, la diputada invitó a las diferentes fuerzas políticas a debatir en la temática de manera responsable.

“El índice de secuestros no ha disminuido los resultados del Acuerdo para la Seguridad han sido muy pocos, entonces nosotros como legisladores, como las personas que hacemos las leyes, tenemos una responsabilidad sumamente importante para poder dotar de estas leyes con mayores penas”, señaló.

Explicó que para implementar la pena de muerte se tiene que modificar el artículo 22 de la Constitución.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Francisco Rivera Bedoya (PRI), precisó que generalizar la aplicación de la pena de muerte en el país será muy difícil, porque ya se ha tratado y se ha rechazado.

“Dudo mucho que San Lázaro lo apruebe, el PRD estaría totalmente en contra, seguramente parte del PAN y del PRI también en gran medida”, adelantó.

La sociedad es muy noble —acotó el legislador— “la sociedad en caso de riesgo, exige que los maten, que los cuelguen; pero a la hora en que se toman las medidas, empiezan los derechos humanos, pobrecitos, qué está pasando, no hay otra respuesta. Entonces es muy controvertida la sociedad”.

Por lo anterior, Rivera Bedoya aseguró que el castigo es una expresión de un gobernador que tiene el control de su Congreso. “Entonces respetamos mucho su decisión, su soberanía, pero generalizarla, está difícil”, reiteró.

En el mismo tema, el secretario de la Comisión de Atención a los Grupos Vulnerables, David Sánchez Camacho (PRD), externó “es un claro retroceso, con una vertiente autoritaria, regresiva y violatoria de los derechos fundamentales de todos lo que en el país de manera permanente o eventual nos encontramos”.

El diputado federal señaló que con esta iniciativa se abre la puerta para violar las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos y que no representa una solución para combatir los altos índices de delincuencia que el país padece.

Sánchez Camacho dio a conocer que solicitará a la representación en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronuncie y realice observaciones en relación a la reforma.

Para el líder de Convergencia, Alejandro Chanona Burguete, la pena de muerte promovida por legisladores coahuilenses es un tema publicitario, que no resuelve el problema de fondo.

“Definitivamente estamos en contra, creo que es un tema publicitario, que no resuelve a fondo —el problema de la violencia—; y la posición nuestra es no a la pena de muerte”.

Chanona Burguete consideró que el gobernador Humberto Moreira, de cara a las elecciones 2009, “se adelantó y previó que podría ser interesante la propuesta; pero es inconstitucional ahorita plantearlo”, argumentó.

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