Palacio Legislativo 09-XII-2008 (Notilegis).- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría una minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga ocho ordenamientos legales en materia penal, la cual será presentada, este martes, ante el Pleno en primera lectura y, en su caso, aprobación.

El presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz (PRI), apuntó que se trata de una reforma para poner en “sintonía” la modificación constitucional en materia de seguridad con las leyes secundarias. No descartó que la minuta se presente al Pleno en la sesión de este martes y se dispense el trámite de segunda lectura y se someta a discusión y votación de inmediato.

La miscelánea penal que se avaló por los integrantes de la instancia legislativa se modificó el Código Federal de Procedimientos Penales; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; el Código Penal Federal; la Ley de la Policía Federal Preventiva; la Ley Orgánica de la PGR; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo.

Con los cambios se busca sancionar con más rigor los delitos cometidos en el ejercicio de los funcionarios públicos, ya que éstos están sujetos a principio de legalidad y sólo pueden hacer lo que la Ley les mandata.

En el Código Federal de Procedimientos Penales se reguló la petición de orden de cateo que hace el Ministerio Público (MP) a la autoridad judicial, que con la reforma constitucional, pues ya se puede hacer por cualquier medio. Además se le da al MP la posibilidad de acudir a un tribunal unitario a impugnar, cuando la autoridad judicial no se ha pronunciado dentro de las 24 horas a la petición de orden de cateo.

El arraigo domiciliario, también se ajustó, para homologar los supuestos para su procedencia, como lo mandata la Constitución, siempre que sea necesario para la investigación, protección de personas o cuando exista el riesgo de que el acusado pueda fugarse de la justicia.

Además, se cambió lo relativo a que los particulares pueden usar como prueba la grabación de comunicaciones privadas entre particulares con dos requisitos: que tengan una relación directa con la comisión de un delito, así como el acusado sea uno de los que participa en la infracción.

En tanto, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se estableció que el arraigo se homologue con lo establecido en la Constitución, ya que ésta dicta que sean 40 días, y sean prorrogables cuando exista las causas a que le dieron origen, sin que exceda más de 80 días.

Lo que incumbe a las reformas al Código Penal Federal los legisladores avalaron que se establezcan tipos penales para garantizar el debido cumplimiento al mandato constitucional a los servidores públicos.

Por lo anterior, se incluye un tipo penal cuando se incumpla del registro inmediato de la detención en flagrancia, así como asegurar que los funcionarios públicos cumplan su función y sean sujetos de sanciones penales y administrativas.

También, en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados se aprobó regular lo relativo a las reglas especiales para otros internos que requieren medidas de seguridad especiales, se incluye a los de la delincuencia organizada y a otros que así lo requieran.

Lo relativo a la Ley de la Policía Federal Preventiva, la Ley Orgánica de la PGR y la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo se reformaron para prever el cambio de régimen laboral para policías, peritos y agentes del ministerio público, ya que el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución dice que el cese, baja o cualquier causa de separación a su cargo, aún y cuando se compruebe que fue de manera injustificada, no podrá en ningún caso su reinstalación.

AILH