Palacio Legislativo 23-XII-2008 (Notilegis).- El diputado Carlos Armando Reyes López (PAN) impulsa una iniciativa para sancionar con más rigor a funcionarios que incurran en actos de corrupción y propone de uno a diez años de cárcel, si el monto no excede doscientas veces el salario mínimo, y de diez a veinte, si rebasa dicho límite.

La iniciativa presentada por el diputado panista Reyes López establece de manera clara prohibir en el sentido más estricto, que cualquier funcionario que tenga a su cargo la responsabilidad de manejar recursos públicos dirigidos o etiquetados para el apoyo de programas sociales federales o de subsidio para fomentar el desarrollo de alguna actividad productiva, lo emplee en beneficio propio.

“Ya es tiempo de que los recursos lleguen a quien verdaderamente lo necesita, por lo que es necesario aumentar las penas a los funcionarios públicos que incurran en este tipo de faltas”, insistió.

El legislador panista refirió que se necesita imponer penas mayores a funcionarios con el fin de eliminar actos corruptos donde el presupuesto “queda en cúpulas y en las élites”, provocando rezagos a la gente que verdaderamente lo necesita; el castigo debe aumentar un 50 por ciento y “en caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución”, dijo.

Por ello, Reyes López presentó una iniciativa para reformar el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de eliminar los actos injustos que provocan que la gente que tiene menos poder y menos oportunidad de accesar a todos los programas federales no progrese y no encuentre caminos de mejoría y de bienestar.

“El objetivo de esta iniciativa –precisó – es de que vayamos creando esa cultura de que los recursos que tenemos en México, son públicos y se deben distribuir lo más equitativo posible para revertir los niveles de pobreza en los que nos encontramos y pongamos el camino de las oportunidades para más mexicanos que eso es lo que hace falta en el país”, advirtió.

Estas reformas se encuentran en la Comisión de Justicia para su discusión y en su caso aprobación para ser presentada frente al Pleno de esta Soberanía.

ALRG