Palacio Legislativo 21-I-2009 (Notilegis).- Ante el daño que han tenido monumentos históricos y zonas arqueológicas en nuestro país, diputados del PAN presentaron una iniciativa para reformar la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y el Código Penal Federal para sancionar con mayor rigor los daños a este patrimonio cultural.

El diputado del PAN, Juan de Dios Castro, señaló que la necesidad de preservar nuestro patrimonio cultural debe obligarnos a llevar a cabo una recapitulación urgente y seria de todas las leyes y convenios existentes, con el propósito de desarrollar instrumentos más eficaces y generar acciones decididas.

De tal suerte, precisó, habrá que entender que la protección de nuestro patrimonio cultural y el desarrollo económico y social que éste genera son conceptos íntimamente ligados y no excluyentes y toda política nacional representa la inclusión de esta materia, tal como se concibe tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en los programas sectoriales de cultura y turismo.

La iniciativa estipula sanciones de hasta 10 años de prisión y de trescientos a mil días multa al que por cualquier medio realice trabajos materiales de exploración de monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Asimismo, si el delito lo comete algún servidor público perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de las penas señaladas, se le destituirá e inhabilitará del cargo por un tiempo igual a la pena privativa de la libertad impuesta.

También, se pretende castigar el comercio ilegal de monumentos con penas que van de cinco a diez años y de quinientos a mil días multa. Al que por cualquier medio dañe o destruya un bien arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Además de que las personas que saquen de territorio nacional un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso de la autoridad competente, se le impondrá prisión de dos a doce años y de trescientos a dos mil días multa.

JZM