Palacio Legislativo 28-I-2009 (Notilegis).-El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, calificó de retroceso una reducción a la edad penal, ya que es más importante que a los jóvenes se atienda y rehabilite; y no que se les recluya en las cárceles, que son universidades del crimen.

“Esto ya se había aclarado hace un par de años con una iniciativa de la entonces diputada Angélica de la Peña (PRD), en la cual se reformó el artículo 18, donde surgió la justicia para adolescentes”, explicó.

Luego del motín en el Centro Tutelar de Menores en San Fernando, indicó que el Estado mexicano tomó una decisión de que la edad penal es a los 18 años, y además está concorde con lo que expresan los instrumentos internacionales. “Nosotros estamos de acuerdo con ello”, dijo.

En entrevista, al acudir a la sesión de la Comisión Permanente, consideró que la actitud en vez “de ser de confrontación tendría que ser de colaboración. Finalmente como instituciones del Estado mexicano, buscar que se haga justicia, no buscar eludirla”.

Respecto a los grupos civiles que presuntamente se han armado para enfrentar a la delincuencia, el ombudsman nacional destacó que se está violentando el artículo 17 Constitucional, “que dice claramente que los particulares no pueden hacer justicia por su propia mano”.

En ese sentido, precisó que el hecho de que se armen civiles es una llamada de atención muy seria al Estado mexicano. “Si los particulares quieren hacer las funciones propias del Estado, es que éste no cumple con su deber, en ese sentido yo lo veo muy peligroso”.

En otro tema, se le preguntó: -“¿Cuál es la institución que menos recomendaciones acepta?

-“La Procuraduría General de la República (PGR) es la única institución que no acepta las recomendaciones de la CNDH, en tanto el Ejército sí las acepta y las lleva a cabo”, respondió.

Asimismo, tomó de ejemplo el caso Pasta de Conchos donde la PGR informó aye+r que no aceptaba las recomendaciones del caso, lo cual es lamentable por ser un caso más de impunidad en el país. “Creemos que hay responsabilidades penales muy serias y que la PGR se niegue a sancionar e investigar nos parece inaudito”, subrayó.
AL