Palacio Legislativo 17-II-2009 (Notilegis).- El diputado del PRD, José Antonio Almazán González presentó una iniciativa para reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de prohibir la venta de la cartera vencida del instituto, e interponer sanciones que van desde la inhabilitación de cinco a 20 años para desempeñar cargos públicos a los funcionarios que incurran en la falta, hasta multas de 200 a 10 mil días de salario mínimo.

En la lectura de su iniciativa, el diputado propuso que el trabajador afectado con la venta de la cartera vencida tenga derecho a adquirir su vivienda pagando en una sola exhibición máximo el ocho por ciento del saldo del crédito del que sea titular, o podrá solicitar que el instituto fije un monto justo de amortización con la intervención de una institución de educación superior.

Almazán González afirmó que existe un manejo ilegal de los actuales directivos del Infonavit en la cartera vencida. “Con toda razón, se ha formado un verdadero escándalo en torno a este tema, ya que la venta de la cartera vencida que abarca a poco más de 120 mil créditos, se realiza sin respaldo jurídico alguno”., expresó.

La venta de la cartera vencida, explicó, ha desembocado en un lucrativo negocio en favor de empresas recuperadoras de créditos mayoritariamente de capital trasnacional. La venta de la cartera vencida es absolutamente injusta y contraria al derecho”, consideró.

Esto, aunado al desempleo, la baja en los salarios, la situación de los incapacitados y jubilados, por lo que adelantó que el Infonavit pronto se verá atiborrado de demandas legales y presiones políticas. “En suma, si el trabajador no puede ser privado de su vivienda sin previo juicio, mucho menos lo podrá hacer un tercero ajeno a la relación jurídica que se entable por motivos de otorgamiento del crédito”, refirió.

El instituto, aseveró, en ningún caso podrá vender la cartera vencida ni realizar ningún otro acto que implique la subrogación del crédito a favor de terceras personas, tanto públicas como privadas. En caso contrario, dijo, la venta o acto relativo será nulo de pleno derecho y los servidores públicos y personas involucradas serán sancionadas como autores del delito de fraude equiparado.

La iniciativa se turnó para su análisis y posible aprobación a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y Vivienda.

JZM