Palacio Legislativo 03-III- 2009 (Notilegis).- La Comisión de Puntos Constitucionales se reunió con el magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Neofito López Ramos, y con Rafael Coello, secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de recabar ideas y opiniones sobre la creación del Tribunal Nacional Ambiental del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Ambiental Estatal.

El presidente del órgano legislativo, Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), explicó que dicha reunión es con la finalidad de que los legisladores escuchen puntos de vista de quienes están impulsando esta iniciativa de reformas a los artículos 73 y 99 de la Constitución Política, suscrita por la secretaria de la Mesa Directiva, María Eugenia Jiménez Valenzuela (PRD).

Esta iniciativa contempla la creación de un sistema jurisdiccional nacional que se integre por dos órganos: el Tribunal Nacional Ambiental del Poder Judicial de la Federación y El Tribunal Estatal Ambiental de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, adscrito cada uno al Tribunal Superior de Justicia de su entidad.

“El sistema jurídico institucional en materia del medio ambiente y ecología mexicano, carece de instituciones con atribuciones suficientes, de mecanismos y procedimientos para atender y garantiza la satisfacción de las demandas de particulares, organizaciones, comunidades y desarrollos urbanos, en materia de preservación del medio ambiente y la ecología”, señala el documento.

En su intervención, Rafael Coello, secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que actualmente no existe celeridad en la tutela ya que pueden pasar de siete a ocho años sin que se dé un conflicto ambiental, debido a las múltiples jurisdicciones.

Coello propuso tener una Sala Superior Ambiental del Poder Judicial de la Federación integrada por cinco magistrados, nombrados por el Senado de la República. Además se tendría sala regional ambiental y a nivel local cada Tribunal superior de Justicia tendría su propia sala de lo ambiental.

“La materia que recaería en estas jurisdicciones sería conocida por los magistrados y los juzgados de distrito”, comentó

En tanto, el magistrado Neofito López Ramos indicó que una de esta reforma constitucional es que se prevé una Ley General Nacional Ambiental que permitiría la no dispersión de normas así como la contradicción de estas medidas de cada entidad federativa.

Comentó que con esta Ley se daría uniformidad a los procedimientos y permitiría a los jueces se ajustaran a un solo modelo jurídico. “También se recoge la posibilidad de aplicar medidas cautelares”.

AILH / ALRG