Palacio Legislativo 12-III-2009 (Notilegis).- El Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, presentó el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2007 en el que establece que se realizaron 962 auditorías en la administración pública que arrojaron una cuantificación monetaria de observaciones por 60 mil 723.6 millones de pesos, de los cuales 18 mil 867.4 millones de pesos corresponden a municipios y Distrito Federal.

Ante los coordinadores parlamentarios y el presidente de la Mesa Directiva, el auditor superior explicó el círculo vicioso se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros; otorgamiento de donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; Derechos de Trámite Aduanero; y Fondos y Fideicomisos, entre otros.

En ese sentido, González de Aragón comentó a los legisladores que se observa una insuficiente regulación y supervisión de los actos jurídicos que el Estado mexicano delega a particulares, a través de concesiones, permisos, contratos y licencias.

El funcionario precisó que de las 962 auditorías, 190 fueron de desempeño, 716 de regularidades, 54 especiales y dos de seguimiento. Aclaró que los montos observados no necesariamente constituyen resarcimientos o daños patrimoniales.

Arturo González indicó que las auditorías realizadas tuvieron como cobertura revisiones en 143 entes fiscalizados que comprendieron 100 dependencias y entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuatro órganos constitucionalmente autónomos, siete universidades públicas, las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.

Expresó que derivado del proceso de fiscalización efectuado en los últimos siete años, el órgano autónomo ha logrado recuperaciones por 33 mil 718 millones de pesos, que representa 33 veces el presupuesto anual de la institución. De estos rescates corresponden en su mayoría a estados y municipios.

Forman parte de estos 33 mil 718 millones, 10 mil 856 millones de pesos de rescate bancario; 2 mil 458 millones de pesos del Derecho de Trámite Aduanero; mil 580 millones de pesos del Sindicato de Pemex; mil 481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC); 277 millones del Poder Judicial de la Federación; y 6 mil 800 millones que corresponden a estados y municipios.

Arturo González de Aragón precisó que a lo largo de la actuación de la ASF se ha señalado reiteradamente que persiste en diversa áreas del Estado la opacidad que requiere ser atendida con urgencia para avanzar en los proceso de transparencia y rendición de cuentas.

Además, recomendó a los legisladores facultar a la Auditoría Superior de la Federación para imponer sanciones administrativas a los servidores públicos, sin menoscabo de las atribuciones que actualmente tienen la Secretaría de la Función Pública.

JZM / AILH