Palacio Legislativo 12-III-2009 (Notilegis).-El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, consideró que es necesario establecer tabuladores que desglosen los salarios de los servidores públicos para evitar que tengan remuneraciones exorbitantes superiores a las del Presidente de la República.

“En remuneraciones de servidores públicos debe existir un tabulador único de carácter universal para todos que incluya todas las prestaciones, sin excepción”.

En entrevista, dijo el auditor, que con esta medida se resolvería el problema de discrecionalidad. “No es problema de porcentaje, sino de universalidad de reglas, de transparencia, que incluya todos los conceptos que recibe cualquier servidor público”, reiteró.

---¿Deben incluir a los ministros y a los consejeros del IFE?, se le preguntó.

“A todos, a cualquier servidor público que reciba recursos federales, incluido el auditor”, contestó.

Respecto a la entrega del Informe de Resultados la Revisión de la Cuenta Pública 2007, el funcionario señaló que de las observaciones por 60 mil 723.6 millones de pesos que se cuantificaron en las auditorías, el monto se divide en dos grandes grupos: el Ejecutivo, y demás poderes con el 69 por ciento; y el 31 corresponde a estados municipios y Distrito Federal.

Dentro de lo que corresponde al Poder Ejecutivo, explicó, el primer lugar es para la Secretaría de Energía con más de 18 mil millones de pesos; el segundo lugar en el sector financiero corresponde a la Secretaría de Hacienda, con poco más de 12 mil millones; y el tercer lugar pertenece al sector de la educación.

Informó que existen 2 denuncias penales, una a servidores públicos del ISSSTE por omisión de su actuación, que representó un daño patrimonial al organismo de poco más ocho millones de pesos. Además de una acusación por irregularidades en un municipio de Nayarit, que corresponde a poco más de un millón de pesos.

Ante el fenómeno de corrupción que afecta al país, González de Aragón afirmó que es necesario facultar a la Auditoría Superior de la Federación para imponer sanciones administrativas a los servidores públicos, sin menoscabo de las atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública.

“Hoy solicitamos el reforzamiento de nuestras facultades para que se nos otorgue autonomía constitucional, y se nos dé la facultad de sanción a servidores públicos, para que no lo haga sólo la Secretaría de la Función Pública”, señaló.

JZM