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Nota N°. 6066 Gobierno federal y Amnistía Internacional se pronuncian en contra de la pena de muerte en México; Encuestas señalan que debe imponerse a secuestradores: Donato de las Fuentes

Palacio Legislativo 26-III-2009 (Notilegis).- Representantes del Gobierno federal y de Amnistía Internacional México enfatizaron su oposición sobre la aplicación de la pena de muerte en el país. En contraste, el legislador representante del Congreso del estado de Coahuila, Fernando Donato de las Fuentes se pronunció a favor, ya que así lo demuestran resientes encuestas.
El consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Javier Arriaga Sánchez enfatizó que la reinstalación de la pena de muerte no tiene cabida en el México actual por constituir una medida regresiva que atenta contra el orden jurídico nacional y las normas e instrumentos internacionales que el Gobierno federal tiene suscrito en esta materia.

Durante la mesa de trabajo: La Cadena Perpetua y la Pena de Muerte, de los Foros de Debate, Cátalogo de Delitos Graves, Cadena Perpetua y Pena de Muerte, expresó: “es posición del Gobierno del presidente Felipe Calderón asumir que la pena de muerte sería violatoria de los compromisos internacionales que México ha asumido en esta materia, por lo tanto la pena de muerte debe ser abolida de manera definitiva”.

Explicó que el país tiene abolida de manera definitiva a la pena de muerte desde el 1° de diciembre de 2005 a través de la reforma 14 y 22 constitucional, además de que ha ratificado dos acuerdos internacionales, el primero para obliga a sus estados a no practicar la pena de muerte en su territorio a ninguna persona sometido a su jurisdicción y el segundo obliga a los estados a adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su territorio.

El representante de Amnistía Internacional México, Alfonso García Castillo señaló que la institución que representa se opone a la pena de muerte por ser un daño irreversible y tiene el riesgo de ejecutar apersonas inocentes.

“Los sistemas son falibles y se pueden ejecutar personas inocentes, una pena de imposible reparación, algunos países son omisos de estas recomendaciones y continúan llevando a cabo ejecuciones aún cuando se sabe que han sido ejecutadas personas inocentes”, lamentó.

En su momento el profesor de leyes de la Emory University School of Law, Hashem Dezhbakhsh, destacó que según estudios realizados por su institución, la pena de muerte tiene un efecto de disuasión en las prácticas del crimen organizado, sin embargo, dijo, aunque se muestra que existe una disuasión esto no sugiere de ninguna forma que los países deben adoptarla como forma de disuasión pues existe otras variables que hay que tomar en cuenta como la justicia, incluso los costos.

Al hacer uso de la palabra el legislador representante del Congreso del estado de Coahuila, Fernando Donato de las Fuentes dijo que el problema de seguridad es complejo, por lo que no permite análisis ni soluciones fáciles para enfrentarlo, que el Estado requiere de nuevos instrumentos jurídicos para hacerle frente. “El reto es mayúsculo o hacemos que prevalezca el Estado como único garante de la justicia o permitimos las respuestas individuales que rebasen al Estado”.

Al exponer sus argumentos sobre la iniciativa de pena de muerte, el legislador indicó que los resultados de encuestas nacionales realizadas en febrero del 2008 sobre el tema, se concluyó que la población considera que la pena de muerte debe ser aplicada a secuestradores en un 60 por ciento, homicidas en un 74 por ciento y violadores en un 72 por ciento, en tanto que consulta Mitofsky señaló que 74.8 por ciento esta a favor de la iniciativa.

La iniciativa del gobernador de Coahuila–explicó- plantea la aplicación de dicha medida extrema, pero no se propone el restablecimiento en forma general ni que sea obligatoria para todo el país, sino que en todo caso deja a las entidades federativas el derecho a decidir al respecto, atendiendo la situación de cada estado y solamente para el tipo de delito establecido, por lo que el Congreso de la Unión podría considerar la pertinencia de legislar en el ámbito federal.

ASC / ALR

 
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