•Urge dotar de mecanismos efectivos para combatir al narcotráfico y la delincuencia organizada: Pinete Vargas
•Deficiencias del sistema jurídico impiden aplicar pena de muerte: Isunza Espinosa
•Se deben respetar tratados internacionales: Ojeda Velázquez
•Hacer efectivo el principio de presunción de inocencia: Ruiz Mena

Palacio Legislativo 01-IV-2009 (Notilegis).- Durante el segundo día de los foros de debate “Análisis de los delitos del orden federal y su punibilidad”, penalistas, catedráticos y especialistas en política criminal, expusieron sus puntos de vista sobre el catálogo de delitos y la pena de muerte en nuestro país.

La secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, María del Carmen Pinete Vargas (PRI), señaló que urge dotar de mecanismos efectivos para combatir al narcotráfico y la delincuencia organizada, así como a todas las instituciones federativas, a fin de que se pueda eliminar en todo momento los abusos y la afectación a garantías individuales.

La legisladora priista precisó que la delincuencia organizada ha generado un clima de inseguridad en todo el país, por ello, insistió en que “las instituciones nacionales deben de servir como mecanismos para que junto con la sociedad se encuentren los mejores instrumentos que permitan combatir el crimen organizado”.

Por lo anterior, confió en que las conclusiones de este foro serán de utilidad para todos los diputados durante la toma de decisiones en tema de seguridad, ya que “como representantes del pueblo estamos pendientes de los reclamos sociales, de las necesidades más apremiantes y de las prioridades para actuar en consecuencia en el bien de la nación y de las familias de nuestro país”, dijo.

En su ponencia, el representante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Asociación Civil, José Luis Isunza Espinosa se manifestó en contra de la aplicación de la pena de muerte, debido a las deficiencias actuales del sistema jurídico. “Lo rechazamos y manifestamos su improcedencia, dadas las deficiencias actuales”, expresó.

Desde la óptica del penalista, el sistema actual de prevención es ineficaz, ya que “cuando a algunos se le aplica la ley, a otros no, mientras están en los mismos términos, esto se deriva de: falta de capacitación, negligencia, o de la corrupción que aqueja a nuestro país, resaltó.

Por lo anterior, dijo el también catedrático de la Escuela Libre de Derecho, es parte fundamental del quehacer legislativo aplicar diversas leyes, para evitar la indefinición en los términos de su aplicación, “ya que la vigente se adecua a los intereses de cada quien parchando la ley”.

Al hacer uso de la palabra el magistrado presidente del Décimo Tribunal Colegiado, Jorge Ojeda Velázquez, se pronunció en contra de instaurar la pena de muerte, ya que dijo que se deben respetar los tratados internacionales que están en contra de la medida y de los cuales forma parte México, por lo que advirtió que de no hacerlo el país incurriría en una irresponsabilidad internacional.

“La Convención Americana sobre derechos humanos dispone que no se restablezca la pena de muerte en estados que lo han abolido, por ello México debe respetar la santidad de este tratado sin ninguna reserva ¿Qué país va a querer invertir en México?, cuando éste no cumple con los tratados internacionales”, expresó.

Debemos aceptar –dijo- que el Estado en la lucha contra la delincuencia organizada necesita herramientas para luchar contra el crimen, pero tenemos un compromiso por lo que no se puede instaurar la pena de muerte, sin embargo una de las soluciones podría ser la cadena perpetua.

En tanto, Rafael Ruiz Mena, secretario general de Profesionalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, aseguró que para la elaboración del Catálogo de Delitos Graves, se debe basar en hacer efectivo el principio de presunción de inocencia, despresurizar el sistema penitenciario porque existe un problema de sobrepoblación.

Indicó que el principio de presunción de inocencia no opera en la actualidad, toda vez que cuando se dicta una formal prisión, el individuo pierde su libertad inmediatamente y hasta el final del proceso se sabe si es culpable o no. “Con la Reforma Constitucional al artículo 19 en su segundo párrafo, se establece lo contrario, es decir que cuando se dicte el auto de formal prisión, sea que el Ministerio Público solicite al juez la prisión preventiva.

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