Palacio Legislativo 15-IV-2009 (Notilegis).- Representaría un retroceso para México aplicar la pena de muerte a secuestradores y a quienes participan en el crimen organizado, ya que “el Estado no puede cometer delitos para combatir delitos”, así lo manifestó Emilio Álvarez Icaza Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En entrevista antes de su participación en el Foro de debate “Catálogo de Delitos Graves, Cadena Perpetua y Pena de Muerte”, el ombudsman capitalino refirió que: “pensar en la pena de muerte en pleno siglo XXI sería un retroceso, por lo que los organismos de derechos humanos insistirán en que el Estado no pueda cometer delitos para combatir delitos”.

Álvarez Icaza enfatizó que quien “siembra odio cosecha violencia”, sin embargo nuestro país sí debe de analizar mejores estrategias que hagan frente al crimen organizado y que éstas no tengan un tinte electoral ya que se estaría jugando con la necesidad de la gente en materia de seguridad , por ello, el gobierno federal debe responder al delito con Justicia.

La seguridad, dijo, es un derecho que tienen todos los seres humanos y “tenemos derecho a vivir sin miedo de delincuentes y de malos policías, pero no se pueden cometer delitos para combatir los delitos, sino ¿Quién es más delincuente? El que tiene placa o el que no”, refirió.

En este sentido, consideró que para atacar la ola de violencia es viable utilizar herramientas como la extinción de dominio, siempre y cuando estas no violen las garantías individuales y se vulneren los derechos de terceros.

“Comparto absolutamente la idea de que se tiene que sancionar la delincuencia económica, tenemos que combatirlo pero el llamado sería que las acciones del Estado no vulneren derecho de terceros, hay que tener cuidado con las garantías”, dijo.

En su opinión también es necesario una eficiente Ley Penitenciaria que atienda los problemas de fondo de los centros penitenciarios, ya que la Ciudad de México gasta más de mil millones de pesos en la manutención de las mas de 40 mil personas que están arraigadas en estos lugares.

“Los reclusorios hoy en día cuestan más de mil millones de pesos y en realidad sólo estamos formando cuadros para la delincuencia , tenemos que revisar nuestra política penitenciaria”, dijo.

En otro tema, informó que hasta el momento existen 19 quejas a partir de los cierres de agua en la ciudad, por lo que aseguró que la CDHDF atenderá estas denuncias y garantizará que no se violenten los derechos y el acceso a este líquido vital, “el tema principal es la capacidad de respuesta del Gobierno, tenemos que revisar una política de fugas, porque hay un problema severo de pozos clandestinos que contribuyen el hundimiento de la ciudad”.

Finalmente, hizo un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que agilice las investigaciones de la búsqueda de los ocho menores desaparecidos del albergue Casitas del Sur, ya que hasta el momento continúa siendo un caso crítico donde no se tienen los resultados esperados, en tanto dijo, la CNDHDF contribuirá a esta búsqueda a fin de que los derechos de estos infantes se hagan válidos.

ALRG