Palacio Legislativo 15-IV-2009 (Notilegis).- El ex secretario de Seguridad Pública Federal y del Distrito Federal, Alejandro Gertz Manero, consideró que el sistema de justicia en el país está fallando porque no cuenta con una política de prevención ni de defensa social para las clases más desprotegidas, ya que 10 millones de delitos quedan no se castigan, aseguró en el foro de debate “Catálogo de Delitos Graves, Cadena Perpetua y Pena de Muerte” realizado en la Cámara de Diputados.

“Es mucho más barato desde el punto de vista social y económico hacer una tarea de prevención en delitos que no son considerados graves que no ameritan ni pena permanente ni pena de muerte, es ahí donde está el problema en el país”, dijo.

México –dijo- es el país que tiene más policías por persona en el mundo y tiene la policía que ofrece menos resultados en el mundo, todos los elementos de seguridad y ministerios son malos, eso no es cierto, tenemos un sistema que no está funcionando, si no fuera así no estaríamos discutiendo esto en este momento.

“Si nosotros no logramos que haya una respuesta fundamental de las autoridades de educación, seguridad y justicia donde que la responsabilidad sea muy precisa en donde el que no cumpla no pueda permanecer en estos puestos, no vamos a resolver el problema fundamental de este país”, manifestó.

Explicó que de 12 millones de delitos cometidos al año, el 90 porciento son de robo o están vinculados con éste, sólo 1.5 por ciento se denuncia, 10 millones de ilícitos quedan en la impunidad, del 1.5 que se denuncian solamente 250 mil se consignan y de esos solamente 190 mil obtienen algún tipo de sentencia lo que refleja un nivel de impunidad de 98 y 99 por ciento de los delitos que se cometen en el país.

En su momento el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza Longoria, señaló que es grave dar al aparato de justicia el poder de la pena de muerte porque está demostrado en los países que la aplican hay una proporción importante de que son incorrectas las decisiones.

“Me parece un uso perverso y electorero de la necesidad legitima de la gente en materia de seguridad, es irresponsable promover este tipo de medidas, hagámonos cargo de la construcción de la cultura de la no violencia para que luego no nos extrañemos de la justicia de propia mano”, sentenció.

En ese sentido se pronunció a favor de un análisis integral desde el proceso de prevención, procuración, impartición y administración de justicia ya que ante el fracaso del Estado mexicano en el aparato de justicia se están viendo soluciones desesperadas y se están dando mecanismos de vacio del Estado para la respuesta al problema de inseguridad.

“Hay un abuso de la pena privativa de libertad; en los últimos 15 años se ha incrementado el catálogo de delitos graves, se han construido mecanismos legales para sancionar con más severidad y los indicadores dicen que la delincuencia no baja; el dinero que se destina para la prevención del delito y a las drogas es de risa”, indicó.

Por su parte el presidente de Consulta Mitofsky Roy Campos Ezquerra reveló que el 56 por ciento de los mexicanos tiene temor al secuestro lo que ocasiona que lleven a cabo cambios en sus actividades cotidianas; 25 porciento de la gente deja de salir de noche, 17 deja de visitar parientes y amigos y 40 porciento prohíbe a los niños salir a la calle, todo esto por temor al delito.

“El ciudadano piensa que para enfrentar el problema de inseguridad hay que aumentar las penas como es cárcel de por vida y pena de muerte según una encuesta, es grave que piensen en eso como principal solución para las violaciones, robo de niños, homicidio y secuestro son un acuerdo mayoritario donde 7 de cada 10 piden pena de muerte, en tanto que por la cadena perpetua están a favor 8 de cada 10”, dijo.

En el norte del país –explicó- es en donde se pide con mayor frecuencia la pena de muerte, luego el Bajío, le sigue el sureste, entre más escolarizados son menos acuerdos hay con la pena de muerte aunque en el fondo es un llamado a las autoridades a evitar la impunidad, es un reclamo para que actué correctamente el sistema de justicia. “La sociedad pide justicia efectiva”.

En ese argumento también aclaró que la sociedad es cómplice de la ilegalidad ya que 1 de cada 12 conoce a alguien que tiene un arma sin que tenga permiso, y 1 de cada 8 tiene a alguien que está en la cárcel por lo que hay una complicidad de alguna manera con la delincuencia.

En su momento la representante adjunta de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Liliana Valiña dijo que mientras no se logren avances significativos en el sistema de justicia que requiere depurarse, modernizarse y profesionalizarse en todas sus esferas: prevención, procuración y administración de justicia así como rehabilitación y reinserción social de los convictos la discusión de las penas será un debate teórico con muy pocas perspectivas de impactar y tener efectos concretos en la disminución de la inseguridad y en el incremento de la protección de los derechos humanos.

“La pregunta es ¿quién aplicaría la pena de muerte? y ¿a quién se aplicaría? con esta serie de problemas que el Gobierno reconoce como retos importantes que tiene que atender y que tiene que fortalecer”, dijo.

Nuestra oficina –dijo- invita respetuosamente a los legisladores a una mirada integral y profunda de la problemática que desemboque en respuestas a las alturas de los inmensos retos que México enfrenta, pero también de las esperanzas y expectativas de las víctimas; las que claman por su efectiva protección de sus derechos y no por acciones y políticas que se distraen en su objetivo de atender concretamente los factores que inciden en su inseguridad.

Por su parte, el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Andrés Calero Aguilar, se pronunció por un efectivo sistema penitenciario y por el respeto a los derechos humanos ya que la mayoría de las cárceles del país tienen una calificación reprobatoria lo que no es benéfico para el fin de estos centros penitenciarios que es la reinserción de los reclusos a la sociedad.

“De los 437 reclusorios que existen en el país más de la mitad presentan sobrepoblación, cuando su capacidad es de 170 mil 634 internos, y la población penitenciaria asciende a 223 mil 520 lo que indica que 51 mil 786 personas no tienen espacios ni siquiera para dormir lo cual afecta la calidad de vida de los internos”, expuso.

El costo diario –dijo- de cada recluso por concepto de manutención se calcula en 150 pesos diarios por lo que el Estado mexicano debe destinar una cantidad de más de 12 mil millones de pesos anuales para la operación del sistema penitenciario por lo que se debe reflexionar sobre endurecer y hacer penas más severas o hacer eficiente el sistema penitenciario que permita la reinserción social de los reclusos.

ALR