Palacio Legislativo 22-IV-2009 (Notilegis).- El secretario de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, Martín Stefanonnin Mazzocco (PAN) manifestó que antes de restaurar la pena de muerte en nuestro país, se deben explorar otros horizontes y respetar los tratados internacionales en donde la centralidad esté puesta en la víctima y no en el victimario.

Explicó que en casos recientes en donde se le ha aplicado la pena de muerte a connacionales en Estados Unidos se ha argumentado por parte del gobierno mexicano que no se ha llevado una adecuada defensa y que su acceso a la justicia no fue la más adecuada, por lo dijo que hay que tener presente que tampoco es perfecto nuestro sistema de justicia y se deben considerar tales aspectos.

El legislador informó que en el informe anual de ejecuciones de Amnistía Internacional en el año 2003, fueron eliminados mil 146 personas en 28 países donde la República Popular China realizó 726; Irán, 108; Estados Unidos, 65 personas; Vietnam, 64, lo que demuestra que la pena de muerte es aún una realidad en varios países, sin embargo, indicó que en estados de la Unión Americana donde tienen instaurada la pena de muerte no se ha inhibido la comisión de delitos.

Por su parte, el director General del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ontiveros Alonso, dijo que la pena de muerte es puro derecho penal simbólico para mandar mensaje de certeza a la ciudadanía cuando en realidad lo que se dice y se hace sólo perjudica al sistema de justicia, “el aumento de penas y endurecimiento de la forma en cómo se ejecutan las penas es puro derecho penal simbólico”.

“La pena de muerte no es disuasiva, quien sabe derecho penal reconoce que tiene dos fines: la prevención especial y la maximización de garantías; no se debe creer en el mito de que la violencia se combate con más violencia, quien defienda la pena de muerte o cadena perpetua no ha leído bien o no ha estudiado del todo y quizá tenga que regresar a la universidad”, precisó.

El funcionario dijo que creer que el sistema de la corrupción e ineficacia está solamente en las policías y procuradurías, fue la perspectiva del legislador en la reforma constitucional en materia penal, pero se olvidó de establecer requisitos como la evaluación y certificación de los abogados litigantes y de los jueces, “¿Quién los evalúa y los certifica? Tienen un alto índice de corrupción, se han enfocado en esquemas de seguridad pública y procuración de justicia, pero se dejó de lado el esquema de impartición de justicia”.

Señaló que se deben respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos por lo que sugirió olvidarse de estos temas y expresó que “para procurar justicia se requiere independencia ¿porqué no independizar a los procuradores de sus jefes? Y dotarles de la autonomía técnica y operativa para cumplir con esa labor tan importante, los procuradores ya no pueden depender de los gobernadores”.

Al hacer uso de lapalabra, el Fiscal General del Estado de Coahuila, Jesús Torres Charles, consideró que el sistema de procuración de justicia es defectuoso e imperfecto, por lo que señaló que requiere ajustes y mejoras, asimismo dijo que debemos cambiar nuestra forma de pensar, ya que no todo merece cárcel o pena de muerte.

“El sistema de procuración de justicia requiere ajustes y mejoras, que cambiemos nuestra manera de pensar, que pensemos que no todo merece pena de prisión, hay muchas conductas que merecen penalidad alternativa y hay conductas que pueden ser solucionadas a través de un proceso de justicia restaurativa, entendamos que eso no significa cárcel”, indicó.

En los últimos 5 años los jueces penales en Coahuila –dijo- dictaron 11 mil 455 sentencias, de las cuales 10 mil 468 han sido condenatorias, de esas 105 fueron revocadas y mil 87 sentencias absolutorias, de esas 171 han sido revocadas; es decir, fueron convertidas en condenatorias por lo que afirmo que es un mito que las cárceles se están llenando de inocentes, ya que son sentencias que han resistido una segunda instancia y el juicio de amparo.

Y es que explicó que en el estado de Coahuila actualmente de 40 mil averiguaciones previas, otros 40 mil asuntos se conciliaron sin averiguación y 14 mil se solucionaron con satisfacción de la persona ofendida por el delito.

“En la medida que trabajemos en medios alternos que nos permitan solucionar los asuntos, recuperaremos la confianza de la ciudadanía en los esquemas de procuración e impartición de justicia; la pena de muerte es uno de muchos elementos que tiene que verse de forma integral, la cárcel no es disuasoria”, sentenció.
ALR