• La vida es un derecho de todos: Pilar Ortega
• Convergencia esta en contra: Martha Tagle
• Es tema que debe seguir revisándose: Adolfo Mota
• Aplicar programas preventivos del delito: Andrés Lozano

Palacio Legislativo 22-IV-2009 (Notilegis).- Durante la clausura de los foros de debate: “Catálogo de delitos graves, cadena perpetua y pena de muerte”, legisladores del PAN y Convergencia se pronunciaron en contra de estas medidas para combatir el crimen organizado, sin embargo el PVEM aseguró que la pena de muerte es la exigencia de gran parte de los mexicanos para castigar a los secuestradores y delincuentes.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Espinosa Piña (PAN), dijo que el principal eje “es combatir la ignorancia” para tomar decisiones a cerca de los castigos de quienes cometen delitos graves y después analizar las estrategias para obtener resultados eficaces que beneficien a la sociedad y ésta a su vez recupere la confianza en sus autoridades.

En representación del partido de Acción Nacional, la diputada Pilar Ortega Martínez se pronunció en contra de aplicar pena de muerte a secuestradores y delincuentes ya que “en términos jurídicos y éticos se trata de un despropósito en aplicar actos irreparables”, toda vez que la vida es un derecho que todos tienen “nadie debe tener la autoridad para quitarla”, dijo.

En su opinión la pena de muerte no es una medida óptima para enfrentar el crimen organizado, ya que “no es responsabilidad del Estado decidir acerca de la vida o de la muerte de un delincuente”, en cambio lo que sí le corresponde es mejorar el ámbito social, por ello insistió que la seguridad y la justicia debe ser prioritario, “pero de ninguna manera debe convertirse en un botín político”.

Asimismo, la diputada Martha Tagle Martínez (Convergencia) dijo que aceptar la pena de muerte en México sería admitir la claudicación del Estado en su tarea de garantizar la seguridad pública y la impartición de justicia, “Convergencia se opone de manera enfática y contundente a la reinstauración de la pena de muerte en el país ya que las opiniones vertidas a favor y en contra a lo largo del foro han fortalecido nuestra posición”, señaló.

Se debe ir a las causas directas que originan el delito de secuestro y otros, se debe atacar la descomposición social –marginación, pobreza, exclusión social y la falta de oportunidades- debe haber compromiso del Estado para emprender una reforma integral en materia de seguridad y justicia.“Busquemos la cohesión social y la inclusión, no la venganza, acabemos con la impunidad, no con la vida”.

Sin embargo, la coordinadora de diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Gloria Lavara Mejía dijo que la pena de muerte adquiere aceptación entre un mayor número de mexicanos, como medida extrema que el Estado se ve obligado a reimplantar para la protección de la vida y seguridad de las personas.

Dijo que la reinstauración de la pena no es un reclamo partidista, sino un reclamo social por lo que el pueblo de México demanda soluciones para erradicar un mal que se ha generalizado en todo el país y que el mayor problema que enfrenta la sociedad es la impunidad con la que se conducen los delincuentes, la ineficacia de las autoridades y la corrupción de los cuerpos policiacos y ministeriales.

Nuestra propuesta –señaló- consiste en que el delito de secuestro sea de competencia federal, que sólo la SCJN resuelva el juicio de amparo directo que se promueva en contra de sentencias de pena de muerte, expedir una ley federal contra el delito de secuestro, una base nacional de datos, que procesados y sentenciados estén en CEFERESOS de máxima seguridad y que cuenten en todo momento con bloqueadores de señal de telefonía celular.

En su momento, el diputado Adolfo Mota Hernández (PRI) manifestó que la cadena perpetua y la pena de muerte como estrategias para combatir el crimen organizado son temas que deben seguir siendo revisados, con el fin de “establecer lo que más convenga al país en esta lucha, ya que en estos momentos, dijo, es una obligación prioritaria de todos los diputados establecer medidas oportunas que garanticen las seguridad de todos los ciudadanos”.

Mota Hernández manifestó que el combate al narcotráfico produce una muerte cada 85 minutos y cada 24 horas pierden la vida 17 personas de forma violenta, según los informes de la Procuraduría General de la República que ha registrado más de 200 decapitados en los últimos años, por ello insistió que se deben continuar estableciendo medidas más severas para quienes son líderes de las organizaciones criminales, sin embargo enfatizó que la pena de muerte será un tema que su grupo parlamentario discutirá minuciosamente.

En voz del PRD, el diputado de Andrés Lozano Lozano manifestó que las medidas no deben centrarse en los delitos y sus castigos, sino en la implementación de programas preventivos que es lo que requiere nuestro país.

Lozano Lozano hizo un llamado a los legisladores a no confundir la plataforma política de un partido en tiempos electorales aprovechándose de asuntos de percepción ciudadana, las discusiones del catálogo de delitos graves, cadena perpetua y pena de muerte “tienen que ser profundas y acordes con la realidad de nuestro país”.

Finalmente , el legislador José Luis Espinosa Piña (PAN) aseveró que fue del interés de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política escuchar las diferentes opiniones, con el fin de analizar, discutir y reflexionar en el seno de las comisiones para obtener fundamentos más sólidos dentro del catálogo de delitos graves.

ALRG / ALR