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Nota N°. 6328 Rechaza diputado Suárez del Real iniciativas de seguridad nacional que presentó el Ejecutivo en el Senado de la República

Palacio Legislativo 23-IV-2009 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, José Alfonso Suárez del Real (PRD), externó su rechazo a las iniciativas en materia de seguridad nacional, que presentó el titular del Ejecutivo al Senado de la República ya que considera que constituyen el fundamento legal de un Estado autoritario militar.

En conferencia de prensa dijo que el artículo 79 de esta iniciativa señala que las instituciones de seguridad pública y la fuerza armada permanente, dentro de la temporalidad y la ubicación geográfica señalada en la declaratoria, podrán verificar la no circulación de mercancía o efectos ilícitos, “quiere decir que van a verificar la libre circulación de mercancías y efectos para determinar si son lícitos o ilícitos”.

También podrán verificar –dijo- la no circulación de personas requeridas por la autoridad, “significa que habrá retenes en donde el ciudadano (libre e inocente) tendrá que acreditar su inocencia y que no está fichado, buscado o que no se encuentra en parte de los archivos policiales para que pueda circular”.

Dijo que en un apartado indica refiere: “los servidores públicos que intervengan en estás acciones deberán respetar las garantías individuales y los derechos humanos de las personas sujetas a revisión”; es decir, que en esta parte están reconociendo que todos los sujetos serán objeto de revisión cuando se establezca esta declaratoria de seguridad interior.

El legislador explicó que en las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Nacional para establecer un régimen transitorio de protección a las garantías individuales por afectaciones a la seguridad interior instauran un estado de excepción de facto ya que limita el ejercicio de las garantías individuales y que está autorizando únicamente por instancias del Poder Ejecutivo, sin intervención alguna del Congreso de la Unión.

“Esta es una simulación ante la incapacidad de definir las competencias de las instituciones y sus capacidades en el combate al crimen organizado; el gobierno pretende que sean los ciudadanos quienes paguen el costo humano de su incompetencia ya que esto significaría la suspensión de garantías”, señaló.

ALR

 
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